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Los congresistas que tomen posesión el 20 de julio podrán devengar 32 millones de pesos. Esa es la cifra que les queda después de las deducciones de un salario bruto que supera los 55 millones. Por disposición del Gobierno nacional, iban a recibir unos veintidós millones en realidad, pero el Consejo de Estado acaba de reversarlo.
El 19 de enero, el presidente Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariella Barragán, firmaron un decreto que les arrebataba a los legisladores la prima especial de servicios, un monto de más o menos dieciocho millones de pesos en 2026.
La decisión, calcula el Gobierno, significaba un ahorro cercano a los 62 mil millones de pesos al año en el erario. Pero al Consejo de Estado llegaron seis demandas en contra. Una de ellas, del litigante Sady Andrés Orjuela Bernal, que aterrizó en la Sección Segunda en el despacho del conjuez Héctor Santaella Quintero.
Santaella tuvo que hacerse cargo porque, de acuerdo con las leyes colombianas, el salario de los magistrados de las altas cortes depende del de los congresistas, así que en los seis expedientes hubo una cascada de impedimentos para resolver el asunto. El conjuez decidió imponer una medida cautelar que suspendió el decreto.
El Consejo de Estado advierte riesgos para la igualdad salarial y la independencia judicial
“Parece visible”, escribe el togado en un auto de 41 páginas, “que la afectación” de los sueldos de los funcionarios de la Rama Judical, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo “no resulta ajena o indiferente” al recorte del pago de los legisladores, así que procede el freno del acto administrativo.
El Consejo estableció que el decreto imponía una discordancia en el tratamiento jurídico de dos tipos de funcionarios que ejercen los mismos cargos y las mismas funciones: quienes se posesionaron antes del 20 de julio de 2026 podían seguir gozando de la prima y quienes entran al servicio luego de la fecha no.
La diferencia, afirma el auto, desconoce las garantías de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que desde 1996 establece que los servidores de la Rama Judicial deben recibir una remuneración justa, acorde a sus funciones y a “su dignidad y jerarquía”, que “no puede ser disminuida de manera alguna”.
Para el conjuez Santaella, el Gobierno desconoció el principio “a igual trabajo, igual salario”, que representa en el ámbito laboral el derecho fundamental a la igualdad. “El doble tratamiento salarial y prestacional que introduce” el acto administrativo “se muestra problemático”, porque daña, dice, la independencia de la Rama.
La Procuraduría respaldó el freno mientras avanzan las demandas contra el decreto
Incluso, el auto asegura que el recorte de la prima genera “un riesgo plausible de afectación del clima organizacional”, un “desestimulo de la productividad” y una “pérdida de atractivo de la Rama Judicial como lugar de trabajo para los mejores”. “Ni qué decir de la prescripción legal de una remuneración justa”.
El procurador general, Gregorio Eljach —que fue secretario del Senado por trece años antes de que el presidente Petro lo ternara para el cargo—, conformó una agencia especial para intervenir en todas las demandas. En el expediente que terminó suspendiendo el Decreto 30 de 2026, el Ministerio Público pidió la interrupción provisional.
“La administración no podía ampararse en una disposición de carácter protector”, como la Ley 4 de 1992 —que establece los requisitos para el régimen salarial de las entidades públicas—, “y, al mismo tiempo, omitir una evaluación específica respecto de los terceros constitucionalmente más expuestos”, dijo la Procuraduría.
Una de las seis demandas en el Consejo es del sindicato de procuradores judiciales, Procurar, y argumenta que sus salarios se perjudican si a los congresistas se les quita la prima. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, con conjueces al mando, podrá examinar cada proceso sin el temor de que sus sueldos disminuyan.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre la prima de servicios de los congresistas?
Un conjuez de la Sección Segunda suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno eliminó la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionarán el 20 de julio de 2026. Con esa decisión cautelar, los nuevos legisladores volverán a recibir ese componente salarial mientras el alto tribunal resuelve de fondo las demandas.
¿Por qué el Consejo de Estado frenó el decreto del Gobierno?
El auto concluyó, de manera preliminar, que la medida generaba un trato desigual entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones y podía afectar la remuneración de servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, cuyos salarios están ligados a los de los congresistas. Además, advirtió posibles riesgos para la igualdad salarial y la independencia judicial.
¿Qué papel tuvo la Procuraduría en el proceso?
La Procuraduría intervino en las demandas y respaldó la suspensión provisional del decreto. El Ministerio Público sostuvo que el Gobierno no evaluó suficientemente el impacto que tendría la eliminación de la prima sobre otros funcionarios cuyos regímenes salariales dependen del de los congresistas, por lo que pidió frenar la aplicación de la norma.
¿Qué falta para definir si la prima se mantiene o desaparece definitivamente?
La suspensión es una medida cautelar y no resuelve el fondo del litigio. El Consejo de Estado aún debe decidir las seis demandas presentadas contra el decreto y establecer si fue expedido conforme a la Constitución y la ley o si debe ser anulado de manera definitiva.
