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Se radicó en el Congreso de la República, el proyecto de ley que declara la Seguridad Energética como un Derecho e Interés Colectivo, y mediante el cual buscan mantener el acceso pleno al servicio de energía para cerca de 8.4 millones de colombianos, en su mayoría residentes de las zonas rurales.
Para la autora de la iniciativa, la representante Carolina Arbeláez , “sin energía no hay derechos. No se puede hablar de salud, educación o trabajo si no hay luz en los hospitales, en las escuelas o en las empresas. Este proyecto es un blindaje para las familias frente a la pobreza energética y un mandato claro al Estado para que garantice nuestra soberanía y autosuficiencia energética”.
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El articulado, pretende modificar la Ley 472 de 1998, con el fin de garantizar que sea el Estado el encargado de proveer un suministro de energía “confiable, continuo y estable para todos”. La propuesta, liderada desde la Cámara de Representantes, establece cinco puntos fundamentales. El primero establece el reconocimiento como derecho colectivo, en segundo lugar está la planificación para la estabilidad del servicio energético.
Después, aparece la equidad energética para cerrar brechas, en tercer lugar, mientras la transición energética justa y responsable se ubica en el cuarto punto de la lista, que cierra con la “resiliencia y soberanía nacional”.
El también autor del proyecto, el congresista Juan Fernando Espinal, advirtió que “mientras en Colombia caen las inversiones para explorar nuestro propio gas y petróleo, las tarifas para los hogares y la industria se disparan hasta en un 36%. Estamos importando energía que tenemos en casa. Este proyecto es muy importante porque, es usar lo nuestro para garantizar la energía de todos, proteger los empleos y la competitividad de Colombia”.
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De acuerdo con el articulado, la ruralidad es la más afectada, pues uno de cada dos hogares campesinos sufre la falta de energía, lo que representa una cifra 11 veces mayor que la reportada en las ciudades.
