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Un enfrentamiento político quedó planteado entre el concejal de Bogotá de la Alianza Verde Diego Cancino y el Concejo del municipio de La Calera (Cundinamarca), luego que desde esta instancia respondieran unas denuncias que hizo Cancino, sobre un supuesto abuso policial contra ambientalistas en esa población.
En su momento, Cancino afirmó que presuntamente las autoridades habrían agredido a unas personas que estaban protestando de manera pacífica. De acuerdo con el concejal, uno de los policías “neutralizó a un muchacho golpeándolo en el estómago” y agregó que a otra mujer que participaba en las protestas la golpearon contra el pavimento, le “provocaron raspaduras y la subieron a la camioneta de la Policía”.
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Estas declaraciones provocaron una denuncia judicial por parte de la Policía Nacional, hecho que fue confirmado por el propio concejal Cancino.
“He sido denunciado por la Policía, me señalan de alentar al desorden porque el domingo denuncié cómo irrumpieron una protesta, amenazaron una mamá, le pegaron a un niño y apresaron una ambientalista. Mi respuesta: denunciar la brutalidad policial no es delito”, indicó.
Sin embargo, el tema no paró allí. Esta situación provocó un rifirrafe con el Concejo de La Calera, desde donde le respondieron acusándolo de hostigar a los policías para “hacerlos ver como criminales”.
El concejal Edgar Antonio Cifuentes, dijo que Cancino “quiere venir a fomentar el caos en las regiones campesinas de la sabana capitalina, donde vivimos en paz y alejados de los problemas habituales de Bogotá, y al mismo tiempo como el mejor de los politiqueros, se anuncia como candidato a la Cámara por Cundinamarca, seguro porque en su ciudad ya no le creen”.
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“Los agentes de Policía de La Calera son conocidos por nuestra comunidad, campesinos de las regiones que caracterizan nuestros territorios, los auxiliares de Policía son nuestros hijos, sobrinos o familiares y ese personaje que llegó a hostigar y a fomentar la violencia, ahora sale de víctima a engañar a los ciudadanos generando violencia contra la institución”, sostuvo.
El tema ya se encuentra en manos de la Procuraduría y otras autoridades judiciales, quienes tendrán que definir si detrás de todo este asunto hay intereses políticos.
