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La FM conoció que el Consejo Nacional Electoral ya tiene listo un proyecto de ley orgánica, que está siendo revisado por el Gobierno Nacional, con el que busca recuperar su autonomía para el manejo del presupuesto, que perdió tras un reciente fallo de la Corte Constitucional.
Fuentes confirmaron que esta iniciativa sería presentada próximamente con mensaje de urgencia, para que el CNE pueda recuperar el manejo de los recursos desde el 01 de enero del 2027, que es año electoral.
Según el presupuesto del año entrante, los rubros asignados para los magistrados de ese tribunal electoral ascienden a alrededor de 200.000 millones de pesos.
“En particular, el proyecto tiene como finalidad permitir que, dentro del marco de las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral pueda programar, ejecutar y hacer seguimiento a los recursos necesarios para financiar sus capacidades institucionales, tecnológicas, operativas y de apoyo técnico”, señala la exposición de motivos del proyecto.
En el articulado se propone incluir al CNE como un “ente autónomo” en la ley orgánica del presupuesto, haciendo una modificación en la que separa dicha entidad de los recursos entregados a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“El Consejo Nacional Electoral ejercerá su autonomía presupuestal exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de regulación, inspección, vigilancia y control de la actividad electoral, de las organizaciones políticas, de la financiación política y electoral, y de las demás materias que le sean atribuidas por la Constitución y la ley”, señala la propuesta.
Este proyecto se comenzó a trabajar luego de un fallo emitido por la Corte Constitucional contra algunos de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, que le había entregado estas facultades al Consejo Electoral, tras encontrar que no tenían unidad de materia con el contenido del plan.
Una vez el Gobierno Nacional termine de revisar la iniciativa, se estaría radicando en el Congreso con urgencia para que pueda salir adelante antes de finalizar el 2026 y entrar en vigencia el 01 de enero del año entrante.
