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La FM conoció en primicia que un juez de Bogotá convocó este martes 28 de octubre a una audiencia especial en la que se busca definir el destino de los millonarios recursos que fueron reintegrados por varios de los principales protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En virtud de los preacuerdos suscritos por la Fiscalía General de la Nación en la primera fase de la macro-investigación, se han recuperado $9.714.300.723 millones a la fecha. De acuerdo con los investigadores, este monto se constituye en la totalidad de los recursos apropiados de manera ilegal.
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Con base en el reporte de los Fiscales a cargo de este proceso la suma se discrimina de la siguiente manera:
- Pedro Andrés Rodríguez Melo: $500.000.000
- Olmedo de Jesús López Martínez: $724.000.000
- Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: $618.000.000
- Luis Eduardo López Rosero: $7.722.300.300
- Luis Carlos Barreto Gantiva: $150.000.000
Esta audiencia será clave para determinar el destino de estos millonarios recursos, ya que son varios los sectores afectados como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Contraloría General y las comunidades de las poblaciones afectadas en zonas como La Guajira.
Víctimas acreditadas en el proceso como las comunidades indígenas wayúu de La Guajira, insisten en reclamar que los dineros reintegrados deben ser trasladados para usarlos de manera efectiva en las poblaciones vulnerables que resultaron más afectados por el saqueo y desvío de recursos de este entramado de corrupción.
“La petición de las víctimas indígenas de la comunidad wayuu, es que esos dineros se trasladen de manera directa, o mejor, a través de la UNGRD, pero con una destinación específica para las necesidades de aprovisionamiento de agua y recursos hídricos para las comunidades wayuu en la Guajira, tal como se habría dispuesto en su destinación inicial, apropiado y destinado para efectos de conjurar la crisis de sanidad y salubridad derivada de la ausencia de líquido vital en la Guajira”, indicó a La FM Pablo Bustos, representante civil de las comunidades indígenas wayúu.
Frente a los $4.000 millones que corresponderían al pago de dadivas realizados al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez; y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad encargada de avanzar en el trámite para el eventual reintegro de esos millonarios recursos.
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Otros dineros apropiados
En lo que respecta a la segunda fase de la macro-investigación, por la que fueron imputados César Manrique Soacha y otros siete exfuncionarios y contratistas, se tienen documentados por parte de la Fiscalía dineros apropiados por $13.164.285.901.
Sólo en el caso de César Manrique Socha, hoy prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol, la Fiscalía determinó de manera preliminar que obtuvo un provecho ilícito de $3.000 millones de la 'coima' solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques.
En desarrollo de esta etapa, la Fiscalía tiene prevista la presentación de escrito de acusación con el cual serán llamados a juicio para que respondan el papel que jugaron en medio de este entramado de corrupción.
En esta fase de investigación también serán llamados a juicio el abogado Edgar Riveros Rey, Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, al igual que Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
