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A la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó una denuncia en contra de los magistrados de la Sala de Consultas del Consejo de Estado por la posible comisión de los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública.
Según pudo conocer la FM de RCN Radio, la denuncia argumenta que este tribunal no era el organismo competente para dirimir el conflicto de competencias entre la Comisión de Acusación de la Cámara y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para investigar al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, por la presunta violación de los topes de su campaña.
Según el documento, el Consejo de Estado sólo puede resolver estos conflictos cuando se trate de dos organismos de tipo administrativo. Sin embargo, la Comisión es Acusación es una instancia judicial.
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“Se tiene que los magistrados denunciados consideraron que la controversia entre el CNE y la Comisión de Acusación era de naturaleza administrativa. Sin embargo, como ustedes pueden observar en las consideraciones de la decisión, los magistrados denunciados se abrogaron competencia para decidir la autoridad que debía conocer un procedimiento sancionador contra el actual presidente de la república. Sin embargo, esa competencia abrogada se dio desconociendo algo evidente, esto es, que la labor de la Comisión de Acusación no es administrativa, sino judicial o jurisdiccional”, aseguran los denunciantes.
Asimismo, se alega que “no es posible aceptar que se desconociera tan evidente situación, ya que no es desconocido y de hecho se encuentra establecido en la ley. Si ello es así, como en efecto lo es, no podían los magistrados denunciados, simplemente aducir que el CNE estaba tramitando un proceso administrativo y ello los facultaba a dirimir el conflicto”.
Los denunciantes pidieron que se realice de forma urgente una inspección judicial a las oficinas de los tres magistrados que integran la Sala de Consultas: Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y Jhon Jairo Morales. Adicionalmente, que sean llamados a declarar los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El reparto de este expediente, que se suma a la guerra judicial entre los sectores políticos por el caso Petro, le correspondió al representante investigador Leonardo Gallego, quien preside la Comisión de Acusación.
