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Al ser aprobada esta iniciativa tanto en Cámara como en Senado, el proyecto pasará a conciliación antes de someterse a una revisión de constitucionalidad.
Se espera que el alto tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley estatutaria y una vez la Corte se pronuncie mediante una sentencia, este proyecto pasará a sanción presidencial.
“El plebiscito consta de 3 puntos principales. El primero tiene que ver con la determinación de un umbral cercano al 13%, es decir un poco más de 4 millones y medio de colombianos, quienes deberán salir a votar por el sí y además de eso ser mayoría sobre el no”, señaló el representante y ponente en la Cámara de esta iniciativa, Hernán Penagos.
Cabe desatacar que el plebiscito tendrá un efecto vinculante que significa que una vez aprobado el plebiscito el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos tendrá la obligación de debatir, proponer y aprobar las leyes y actos legislativos necesarios para implementar los acuerdos de paz.
“Uno de los puntos que se aprobó obliga que un mes antes de la fecha en la que los colombianos salgan a votar, haya toda la divulgación, socialización en las regiones del país, pedagogía frente a los acuerdos suscritos con la guerrilla de las Farc y garantías no solamente para aquellos que votan por el sí, sino también garantías para todos aquellos que quieren hacer campaña por el no”, resaltó Penagos.
Ante este tema de la financiación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue enfático en resaltar que va a haber acceso a medios de comunicación que es financiación del Estado en condiciones de igualdad para los partidarios del sí y para los del no.
“Lo que no hay y no está contemplado en la ley de participación ciudadana es financiar en recursos en efectivo ni para los partidarios del sí, ni para partidarios del no y lo que se establece también es una prohibición absoluta para utilizar recursos oficiales del Estado en esta campaña para el plebiscito”, enfatizó el ministro Cristo.
Cristo destacó que en el Senado se aprobó todo el tema de condiciones de igualdad, de acceso a medios y al final se había cometido la imprecisión de decir que el Estado financiaría los partidarios del sí y del no, lo cual es inconveniente.
Por último, el Gobierno resaltó que está tranquilo ante la sentencia que pueda emitir la Corte Constitucional quien podría decir que la iniciativa presenta vicios en el trámite y por ende debe retornar al Congreso, o lo hunde al considerar que no se ajusta a la Constitución.
