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Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad en contra del decreto expedido por el presidente Gustavo Petro, que estableció para este martes un día cívico, para que los ciudadanos pudieran salir a las calles a marchar en favor de las reformas del Gobierno.
La senadora María Fernanda Cabal interpuso esta acción judicial bajo el argumento de que esta es una jornada ilegal convocada para ejercer una “presión indebida” para que los ciudadanos marchen a favor del Gobierno Nacional.
“Ni la Constitución ni la Ley contemplan la figura del ‘Día Cívico’. No le mientan al país ni siembren el terror. Petro no tiene el poder de decretar un día de vagancia para respaldar sus fracasadas reformas”, sostuvo.
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Aseguró que la convocatoria de este día cívico es un abuso de la función pública y recordó que los funcionarios del Estado solo pueden cumplir sus funciones establecidas en la ley y no pueden salirse de ese marco establecido.
“Se deja de manifiesto por una parte que el acto administrativo adolece de falta de motivación pues las normas que fundamentan su expedición son aquellas que rigen el restablecimiento del orden público (Artículo 189 de la Constitución Política, numeral 4 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016) pero su finalidad responde a una justificación de tipo político tendiente a apoyar las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional”, se argumenta en la demanda.
Además, advierte que “el decreto deja abierta la posibilidad para que el Ejecutivo utilice el poder estatal de forma arbitraria, erosionando la imparcialidad del Estado. ¿Quién responde por el gasto económico en salarios para empleados que no trabajaron? Esto es un desgaste institucional y económico sin reparación que contraviene principios de la administración pública”.
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Aunque muy seguramente este mismo martes el Consejo de Estado no alcanzará a fallar las pretensiones de la acción judicial, una decisión futura podría sentar un precedente para futuros decretos con los cuales se establezcan días cívicos.
