27 Abr 2016 02:14 PM

Avalancha de impugnaciones ante Corte suprema por decisiones de C. Constitucional

Ante la Corte Suprema de Justicia , el abogado de Bernardo Moreno interpuso un escrito de impugnación en contra de la sentencia que lo condenó a ocho años de cárcel.
El abogado Jaime Granados, señaló que en vista de la condena que se dio en una primera instancia, es preciso impugnar el fallo, mas aún cuando a partir de este martes, empezó a regir la sentencia 792 que permite recurrir  ante la autoridad superior a un escrito de impugnación.
 
Granados señaló que no pedirá la libertad de Moreno, pero que al acudir a este recurso,  se marca una pauta sobre futuros casos en donde  se materialice la garantía del derecho de impugnar fallos condenatorios, previsto en los tratados  internacionales de derechos humanos  y que también están planteados en la constitución colombiana.
 
“Tenemos derechos a impugnar. Hay puntos  que tenemos que cuestionar  y hasta ahora  se nos habilita esa posibilidad y a la mayor  brevedad posible debidamente fundamentado  estamos interponiendo este recurso. Estaremos a la espera que  la Sala Plena  se pronuncie al respecto”, señaló Granados.
 
El recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de Moreno, solicita a la Sala Plena  que  habilite el traslado de cinco días  para sustentar el recurso a partir de unas consideraciones previas. Según lo que conteste la sala, la defensa procederá  a presentar el recurso de apelación  donde estarán  los motivos de inconformidad de ciertos  apartes del fallo que cobijó  a Moreno.
 
Por su parte, el Centro Democrático solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que ordene la libertad inmediata y levante las órdenes de captura de los exfuncionarios aforados que fueron condenados por dicha corporación y que hayan impugnado el fallo condenatorio.
 
Hay que recordar que la defensa de los uribistas, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt y Alberto Velázquez, también interpusieron este recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
 
“De no hacerlo, se ratificaría el trato discriminatorio y la cruel persecución política de la cual han sido víctimas estos aforados y ex funcionarios del gobierno del Presidente Uribe”, concluyó el Centro Democrático.