Avalancha de impugnaciones ante Corte suprema por decisiones de C. Constitucional

Ante la Corte Suprema de Justicia , el abogado de Bernardo Moreno interpuso un escrito de impugnación en contra de la sentencia que lo condenó a ocho años de cárcel.
Archivo La FM
Crédito: La FM

El abogado Jaime Granados, señaló que en vista de la condena que se dio en una primera instancia, es preciso impugnar el fallo, mas aún cuando a partir de este martes, empezó a regir la sentencia 792 que permite recurrir ante la autoridad superior a un escrito de impugnación.

Granados señaló que no pedirá la libertad de Moreno, pero que al acudir a este recurso, se marca una pauta sobre futuros casos en donde se materialice la garantía del derecho de impugnar fallos condenatorios, previsto en los tratados internacionales de derechos humanos y que también están planteados en la constitución colombiana.

“Tenemos derechos a impugnar. Hay puntos que tenemos que cuestionar y hasta ahora se nos habilita esa posibilidad y a la mayor brevedad posible debidamente fundamentado estamos interponiendo este recurso. Estaremos a la espera que la Sala Plena se pronuncie al respecto”, señaló Granados.

El recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de Moreno, solicita a la Sala Plena que habilite el traslado de cinco días para sustentar el recurso a partir de unas consideraciones previas. Según lo que conteste la sala, la defensa procederá a presentar el recurso de apelación donde estarán los motivos de inconformidad de ciertos apartes del fallo que cobijó a Moreno.

Por su parte, el Centro Democrático solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que ordene la libertad inmediata y levante las órdenes de captura de los exfuncionarios aforados que fueron condenados por dicha corporación y que hayan impugnado el fallo condenatorio.

Hay que recordar que la defensa de los uribistas, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt y Alberto Velázquez, también interpusieron este recurso ante la Corte Suprema de Justicia.

“De no hacerlo, se ratificaría el trato discriminatorio y la cruel persecución política de la cual han sido víctimas estos aforados y ex funcionarios del gobierno del Presidente Uribe”, concluyó el Centro Democrático.


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