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Crece la molestia en el Congreso de la República por el informe que presentó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, sobre una posible inhabilidad que tendrían más de 500 candidatos de diferentes partidos en todo el país, para aspirar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
Varias colectividades se pronunciaron pidiéndole al Gobierno rectificar la información publicada por este funcionario y diciendo que se trata de una acción de persecución de parte de la Presidencia de la República, a pocos días de los comicios.
La senadora Angélica Lozano, vocera de la Alianza Verde, pidió que Idárraga sea despedido de su cargo, porque sus actuaciones demuestran una acción de policía política.
Dijo que sí este funcionario mantiene su puesto, las palabras del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que desautorizan este informe, quedarán en el aire.
“Lo que supongo es que van a despedir al funcionario que violó la Constitución, que usurpó funciones, que asumió funciones de Fiscalía, de Procuraduría, del Consejo Electoral, o si no, pues es un simple discurso sin ninguna coherencia. Si sus palabras representan al Gobierno, tenemos que esperar una decisión de expulsión del cargo del funcionario, si sólo se quedó en palabras pues quedaría claro que hay una decisión de acción política, de policía política, de perseguir a los competidores”, sostuvo.
Lozano afirmó que una extralimitación de funciones por parte del Secretario de Transparencia en este caso no puede quedar impune, y que el Gobierno debe demostrar que no tiene intenciones de afectar el proceso electoral.
“Si un funcionario de Presidencia actúa como policía política contra los competidores, si el ministro del Interior en la plenaria del Senado reconoce que eso es indebido, abusivo, fuera de lugar, sin competencia, que el funcionario se excedió, las palabras no pueden quedar por el viento; la consecuencia obvia es la separación del cargo”, insistió Lozano.
El ministro del Interior desautorizó la información presentada por el funcionario y afirmó que la posición oficial del Gobierno es acudir a los canales institucionales para denunciar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los órganos de control, las presuntas irregularidades que puedan presentarse en medio de este proceso.
