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Después de una audiencia en la que el excanciller Álvaro Leyva no estuvo presente, el exministro adquirió finalmente el mote de acusado. Es decir, irá a juicio. La Fiscalía lo señala como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, es decir, por incumplir deliberadamente varias veces varias normas.
Todo se remonta a la licitación para fabricar los pasaportes en 2023. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó el proceso para seleccionar la empresa que se encargaría de la personalización, custodia y distribución de las libretas, así como la impresión y entrega de las visas colombianas.
Cuando se agotaron las etapas que prevén las normas contractuales, el comité evaluador concluyó que la propuesta de la Unión Temporal Pasaportes 2023, que lideraba la firma Thomas Greg & Sons y era la única proponente, cumplía con los requisitos para la adjudicación del contrato de más de 599 mil millones de pesos.
El comité recomendó entregarle el convenio. Pero el 13 de septiembre de 2023 el entonces canciller Leyva expidió una resolución, la 7485, para declarar desierta la licitación. La Fiscalía argumenta que la decisión no tiene fundamento legal, y el Gobierno sostuvo que la unión temporal afectaba varios principios.
Un día después, al resolver un recurso de reposición del proponente, Leyva sacó otra resolución, la 7540, que ratificó la declaratoria como desierta. Y con otro acto administrativo, la Resolución 7541, declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio, sin argumentos de peso, según la Fiscalía.
Un choque con Thomas Greg y varios líos jurídicos
Ya la Procuraduría sancionó con una inhabilidad de diez años al exministro de Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, por las jugadas que aspiraban a sacar del camino a Thomas Greg & Sons, la empresa que desde 2007 y hasta abril de 2026 diseñaba ininterrumpidamente las libretas.
El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado, aunque en enero de 2025 —cuando la Cancillería había prorrogado el contrato con la compañía— desistió.
Al final, el contrato siguió amarrado a la multinacional. El Gobierno volvió a declarar, en 2024 y 2025, la urgencia manifiesta, mientras afinaba los detalles de un convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. La Procuraduría demandó el acuerdo, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo analiza.
La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador asegura que el exfuncionario "sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho". La Cancillería se acreditó como víctima en el proceso.
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y ahora fórmula vicepresidencial de Roy Barreras.
Las caídas de funcionarios y la ruptura política en el Gobierno Petro
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la increpó de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago de 117 mil millones de pesos a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
Leyva fue el segundo. La Procuraduría lo suspendió mientras lo investigaba, y luego lo llamó al juicio disciplinario tras el que lo inhabilitó. El presidente Petro no lo defendió, así que desde entonces el bogotano se convirtió en un acérrimo opositor. El 10 de abril dijo en un comunicado que el mandatario lleva a cabo “una persecución atroz” en su contra.
En agosto de 2025, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería, donde sucedió a Luis Gilberto Murillo, hoy candidato presidencial.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio del año pasado, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
El caso Leyva y los pasaportes, en cuatro preguntas
¿Por qué Álvaro Leyva irá a juicio en la Corte Suprema?
La Fiscalía acusó al excanciller por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que expidió varios actos administrativos contrarios a la ley durante el proceso de licitación de los pasaportes en 2023. Con la acusación formal, el caso pasa a etapa de juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué decisiones están en el centro del proceso?
El foco está en tres resoluciones firmadas por Leyva en septiembre de 2023. La primera declaró desierta la licitación, pese a que el único proponente —la Unión Temporal Pasaportes 2023— cumplía los requisitos, según el comité evaluador.
Luego, el excanciller ratificó la decisión al resolver un recurso y, además, declaró la urgencia manifiesta para contratar sin licitación. Para la Fiscalía, esos actos carecían de justificación legal suficiente.
¿Qué papel juega la empresa Thomas Greg & Sons en el caso?
Thomas Greg & Sons lideraba la única propuesta habilitada en la licitación y era el proveedor histórico de los pasaportes en Colombia. Tras la declaratoria desierta, la empresa demandó al Estado, lo que desató una cadena de litigios.
El Gobierno intentó apartarla del proceso y explorar alternativas, como un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, pero ese acuerdo está bajo revisión judicial y cuestionamientos de la Procuraduría.
¿Qué consecuencias políticas ha tenido este conflicto?
El lío por los pasaportes ha provocado la salida o caída de varios funcionarios del gobierno Petro, entre ellos el propio Leyva, la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora y la excanciller Laura Sarabia. Además, profundizó tensiones internas en el Ejecutivo y derivó en investigaciones.
