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El reciente atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay encendió las alarmas en todo el país y motivó un fuerte pronunciamiento por parte de Asocapitales, organización que agrupa a los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia.
En una declaración contundente, los mandatarios locales rechazaron el acto violento, calificándolo como un atentado contra la democracia, y exigieron al Gobierno nacional acciones inmediatas para frenar el deterioro del orden público.
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El mensaje, liderado por el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Éder, no solo expresó solidaridad con Uribe Turbay y su familia, sino que también hizo un llamado al Ejecutivo para que asuma su responsabilidad frente a la seguridad de los líderes políticos y de los ciudadanos en general.
Éder aseguró que los mandatarios locales están enfrentando serias dificultades para cumplir con su labor debido a la falta de apoyo institucional y a la creciente ola de violencia que azota al país.
Durante una reunión extraordinaria en Bogotá, los 32 alcaldes coincidieron en que la reducción de cerca de 900 mil millones de pesos al presupuesto destinado a la seguridad ha debilitado gravemente la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Esta disminución, señalaron, afecta directamente la protección de las comunidades y la integridad de los funcionarios públicos, dejando al país expuesto a nuevos episodios de violencia.
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Además del rechazo al atentado, los mandatarios pidieron al presidente Gustavo Petro mayor articulación entre el Gobierno central y las administraciones locales, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden público. Subrayaron que la defensa de la vida y la estabilidad democrática debe ser una prioridad nacional.
El pronunciamiento de Asocapitales se convierte en una alerta urgente frente a la situación de inseguridad que atraviesa Colombia. Los alcaldes hicieron un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y trabajar de forma conjunta para recuperar la confianza ciudadana y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio democrático.
