Interpondrán acción penal por falsedad frente al fallido decreto que nombraba presidente a Benedetti

Un grupo de ciudadanos interpondrá la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por el falso nombramiento de Armando Benedetti.

Como se informó ayer, fue radicada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta participación en la expedición del Decreto 0499 de 2025, mediante el cual se designó de manera aparentemente irregular a Armando Benedetti como presidente encargado durante la ausencia del presidente Gustavo Petro.

La denuncia, de 44 páginas, fue presentada ante el despacho de la fiscal general de la Nación y la Coordinación de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a las 8:43 p.m. No se trata de una simple narración de hechos: contiene una estructura probatoria sólida y solicitudes específicas que evidencian un conocimiento detallado del funcionamiento interno del Palacio de Nariño.

Entre las medidas requeridas, figura la declaración formal de Armando Benedetti, con el fin de confrontar sus múltiples intervenciones públicas —algunas de ellas contradictorias— con la versión que entregue Angie Rodríguez.

Según Benedetti, fue notificado desde Presidencia y el mandatario estaba al tanto de su designación, afirmación que contradice directamente lo expresado por el propio presidente Petro.

Asimismo, se solicitó el aseguramiento de los teléfonos celulares y las comunicaciones de Benedetti, de la directora del DAPRE y del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, incluyendo los números de contacto de cada uno. El objetivo es preservar evidencia sobre cómo se gestó la expedición del decreto.

Otro de los puntos clave del documento exige que el DAPRE, al responder los requerimientos de la Fiscalía, declare un conflicto de interés por parte de Angie Rodríguez, en su calidad de denunciada, y designe una directora ad hoc para este caso, con el fin de evitar cualquier interferencia en el manejo de la información.

Todo esto ha generado inquietudes dentro del Gobierno. Algunas fuentes cercanas a Palacio, que pidieron mantener el anonimato, afirman que los denunciantes “ya tienen parte de la información que están solicitando” y que, en realidad, buscan verificar si las entidades involucradas responderán con la verdad o si intentarán encubrir lo ocurrido, es decir, tapar un delito con otro.

Lo que está claro es que esta denuncia no es un trámite de rutina. Se trata de un documento técnico, bien estructurado y con el potencial de abrir una de las investigaciones más serias que haya enfrentado el círculo cercano del presidente.



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