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En la noche del martes 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con la convocatoria a una consulta popular con el fin de que “el pueblo sea el que apruebe la reforma laboral y de salud”, ante el inminente hundimiento de dichos proyectos de ley en el Congreso.
Una consulta popular es un mecanismo consagrado en el artículo 103 de la Constitución mediante el cual se convoca al pueblo a ejercer su soberanía. Esta consulta puede ser tanto de carácter nacional, como departamental, distrital o municipal.
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¿Qué se necesita para que la consulta popular sea aprobada?
Lo primero que necesita el presidente Petro para que se realice la consulta popular es la firma de todos los ministros a la justificación y a la pregunta en ese mecanismo de participación ciudadana.
Posteriormente, la justificación y la pregunta deberán ser enviados a la plenaria del Senado, que tendrá un mes para discutir sobre su conveniencia, para aprobar o no que se realice la consulta.
De obtener la respuesta positiva del Senado, la consulta popular deberá realizarse dentro de los cuatro meses siguientes.
Los votos que requiere la consulta popular para aprobar las reformas
Para que la consulta popular sea aprobada y luego vinculante, se necesita que no menos de la tercera parte de los colombianos que componen el censo electoral participen en el sufragio, y que la mitad más uno del total de votantes aprueben lo que se pregunta en la consulta.
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De acuerdo con las más recientes cifras de la Registraduría, el censo electoral del país es de 40,963,370, lo que quiere decir que el Gobierno Nacional necesitaría de la participación de no menos de 13,654,456 sufragantes. De ese total, 6,827,229 deberían votar afirmativamente para aprobar las reformas pretendidas por el presidente Petro.
Los antecedentes
En 2017, la entonces senadora Claudia López convocó a una ‘consulta anticorrupción’ compuesta de siete preguntas para eliminar lo que eran consideradas prácticas corruptas en el país.
Entre las preguntas se incluía reducir el salario de los congresistas, que los condenados por corrupción no obtuvieran ningún tipo de beneficio y que se les prohibiera contratar con el Estado, entre otros aspectos.
En ese entonces, se necesitaba la participación de más de 12,231,314 de ciudadanos para que la consulta fuese aprobada, y que por lo menos 6,130,000 votaran por el sí.
A pesar de que el 99% de los sufragantes respondió a las preguntas ‘sí’, solo se alcanzaron 11,674,951 votos, es decir, faltaron 500.000. Esa jornada de votación inédita, que se llevó a cabo el domingo 26 de agosto de 2018, costó $310,479,000.
