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Un nuevo debate dentro del sistema de justicia en Colombia surge a raíz de la desproporción en las acusaciones contra empresarios colombianos del sector bananero en comparación con las condenas a guerrilleros y paramilitares. Mientras que estos últimos han recibido penas leves o beneficios especiales en el marco de la regulación de la justicia transicional, algunos bananeros de Urabá enfrentan procesos en la jurisdicción ordinaria con señalamientos severos.
Varios paramilitares han recibido condenas reducidas o sanciones alternativas que incluyen cortas restricciones a la libertad y trabajos comunitarios, generando cuestionamientos sobre la aplicación equitativa de la justicia. Un ejemplo reciente es el de noviembre de 2023, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso, pero en noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP transferir el caso a la jurisdicción de Justicia y Paz. Esta decisión limita el acceso de Mancuso a algunos de los beneficios judiciales de la JEP, pero deja en el aire múltiples procesos por crímenes de lesa humanidad atribuidos a su grupo armado. No hay duda de que Mancuso ha recibido un trato privilegiado en comparación con los terceros, entre ellos algunos empresarios con independencia de que sean nacionales o extranjeros que están siendo procesados. Su condición de testigo clave en varios procesos judiciales le ha permitido acceder a beneficios como la reducción de penas y la posibilidad de ser considerado gestor de paz, mientras que los bananeros de la región de Urabá, que no promovieron la violencia, sino que trabajaron arduamente por el desarrollo económico y social de la zona, actualmente enfrentan procesos basados en narrativas que no se compadecen con la realidad de lo ocurrido.
En contraste con los procesos de ex integrantes de grupos armados al margen de la ley, la Fiscalía llamó a juicio en marzo de 2023 a trece empresarios (nueve de la empresa Chiquita Brands y cuatro de Banacol), acusándolos de concierto para delinquir agravado por el supuesto financiamiento al frente paramilitar Alex Hurtado entre los años 1997 y 2004, por medio de pagos a los Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia - Convivir. Estas acusaciones han sido catalogadas como injustas por varias razones, la primera de ellas es que los Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia - Convivir, fueron legalmente creadas y avaladas durante el gobierno del presidente César Gaviria mediante el decreto 356 de 1994, para establecer la prestación de estos servicios por particulares debido al aumento de la violencia en la zona y a la insuficiencia del Estado para proteger a sus habitantes; y segundo, los bananeros y pobladores del Urabá no sabían de la relación entre las Convivir y las AUC, y no la hubieran podido conocer hasta el año 2007 cuando fue revelada esta información.
Un claro ejemplo de ello es el caso de la bananera Banacol, pues luego de varias negociaciones con ejecutivos de Chiquita Brands para la compra de su operación en Colombia, los empresarios colombianos se enteraron en el 2004 de pagos por extorsión que realizaba la multinacional a grupos armados, pero cuando salió a la luz pública en el 2007 una investigación que estaba en curso por el Departamento de Justicia de los EE.UU. conocieron que dichos pagos a las AUC eran realizados por dicha multinacional a través de los Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia - Convivir. Es decir, tres años después de la compra de los activos en Colombia se supo sobre los acuerdos de Chiquita Brands con las AUC por medio de los pagos a las empresas de vigilancia. Así lo afirma Juan Diego Trujillo, abogado de Banacol “En el 2007, cuando sale la revelación de Chiquita sobre su relación con las AUC, Banacol junto con las demás bananeras publicaron comunicados de prensa a los medios nacionales e internacionales rechazando contundentemente la actuación de esta empresa y defendiendo al gremio de posibles señalamientos que los relacionaran”. Banacol ha sido enfática en aclarar que no es filial de Chiquita Brands y que no tuvo conocimiento de la situación hasta el 2007, pues durante las negociaciones con los ejecutivos de Chiquita Brands nunca mencionaron sobre sus acuerdos con las AUC.
El caso legal, que ya lleva más de 18 años en Colombia, ha tenido a varios empresarios y ejecutivos investigados por este caso. De los trece procesados, han sido absueltos en este caso tres personas, Juan Diego Trujillo de Banacol, Luis Germán Cuartes y Dorn Robert Wenninger de Chiquita Brands respectivamente. En otros procesos relacionados, se han precluido a otras personas incluyendo el entonces presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) Fernando Devis Morales, así como también el señor Guillermo Gaviria Echeverri presidente de Uniban y el gerente Juan Esteban Álvarez B., quienes fueron absueltos de los cargos que se les imputaron por presunta financiación a grupos armados ilegales. Se espera que los diez empresarios, que aún se encuentran procesados por los mismos delitos, reciban una sentencia justa ya que esto reforzaría la percepción de que los procesos judiciales no son equitativos para todos los involucrados.
Los empresarios bananeros del Urabá han sostenido que fueron víctimas y no cómplices de los grupos armados, pues hicieron pagos a los Servicios Especiales de Vigilancia - Convivir bajo el convencimiento de que estas empresas eran amparadas por la ley y vigiladas por entidades del Estado. A pesar de ello, han sido duramente señalados, mientras que los verdaderos actores del conflicto han recibido un trato más benévolo por parte de la justicia colombiana. El sector bananero insiste en la necesidad de revisar la disparidad en las acusaciones y exigen un trato justo. "Es inaceptable que se persiga con mayor rigor a quienes trabajaron por el desarrollo de Urabá que a quienes promovieron la violencia", afirman los voceros del sector.
El Urabá, una de las principales regiones productoras de banano en Colombia que aporta el 1.5% del PIB agrícola y que representa el 85% de la economía regional beneficiando a más de 200.000 familias, fue un escenario de violencia durante décadas y un campo de batalla entre guerrillas y paramilitares que solo buscaban su propio beneficio y el control de la zona. Los empresarios colombianos bananeros fueron quienes forjaron una región próspera y han demostrado una capacidad inquebrantable de resiliencia. El próximo 31 de marzo se terminará el largo juicio a los empresarios procesados, quienes insisten en que fueron engañados por la multinacional extranjera, que ya admitió sus crímenes. El llamado es claro: la justicia debe ser equitativa para todos.
