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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), Olmedo López, nuevamente tendrá que enfrentar un lío legal ante la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público abrió un expediente disciplinario en su contra y también contra el entonces director del Departamento para la Función Pública, César Manrique por presuntas irregularidades en un convenio que, aparentemente habría sido modificado para la compra de terrenos.
En las investigación también se incluirá a otras cuatro personas. En este sentido, los investigados habrían suscrito un convenio para la compra de tierras que iban destinados a proyectos productivos donde se habrían desviado cerca de 100.000 millones de pesos que pasaron a ser utilizado, presuntamente, para otros fines distintos a la adquisición de dichos predios.
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Según el órgano de control, el convenio suscrito por los para proyectos productivos serían entregados a familias inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados. Proyecto que habría sido modificado con el argumento de atender emergencias y calamidades públicas ocasionadas por el invierno.
Los otros cuatro funcionarios que también estarían involucrados son: el exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), Daniel María Medina González; el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Alberto Barreto Gantiva; la vicepresidente de Negocios Fiduciarios de La Fiduprevisora, María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, y la vicepresidenta de Contratación Derivada de esa misma entidad, Daniela Andrea Valencia.
Cabe destacar que esta investigación disciplinaria, en la Procuraduría General de la Nación también se suma a otras investigaciones adelantadas por el órgano de control en el marco del entramado de corrupción dentro de la UNGRD y también relaciona a los otros procesos que cursan ante la Fiscalía General de la Nación.
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Entre tanto, todos deberán rendir cuenta al ente disciplinario respecto a los motivos que habrían llevado a modificar el convenio y del que se habrían desviado, presuntamente, los 100 mil millones de pesos.
Pero también, el órgano de control determinará si en la supuesta compra de predios se presentaron sobrecostos, o si efectivamente fueron entregados a sus beneficiarios.
