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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos, ante una juez de Bogotá, en contra del exdirector de Función Pública César Manrique Soacha y otros siete exfuncionarios y contratistas, por estar presuntamente implicados en el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo.
En el caso de César Manrique, exdirector de Función Pública, la Fiscalía le imputó cargos como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en relación con la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según la fiscal novena delegada ante la Corte María Cristina Patiño, adicionalmente desde enero a marzo de 2024, César Manrique presuntamente obtuvo un provecho ilícito de 3 mil millones de pesos producto de la coima solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques.
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De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de 'coimas' para que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos.
“En septiembre de 2023, usted planeó y asistió con Olmedo López y Barreto Gantiva a una reunión con funcionarios de la ANT y de la UNGRD con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos del convenio número 9677-CV20 021 20 23 suscrito entre estas entidades a cambio de controlar la contratación que se realizar por el valor de los recursos reducidos del convenio”, indicó la fiscal delegada Patiño.
También fueron imputados el abogado Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Igualmente, se les formularon cargos a Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
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Así mismo, la fiscal delegada sustentó imputación de cargos contra Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, se le imputaron cargos a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y a Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por el delito de lavado de activos.
