Escándalo en la UNGRD: implicados en corrupción logran principios de oportunidad

Varios implicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos exfuncionarios y un contratista, lograron principios de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, con los cuales tendrán inmunidad parcial y serán exonerados de ir a la cárcel por los delitos que ya fueron socializados públicamente.

Los implicados en el entramado se comprometieron a colaborar con la justicia y testificarán contra decenas de personas implicadas en el caso de corrupción.

Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo colaborará en 12 noticias criminales y testificará en contra de al menos 21 personas. Por los delitos imputados de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos deberá cumplir una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión y reintegrar 724 millones de pesos.

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Por su parte, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad por los mismos delitos que López obtuvo una condena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión, además tendrá que devolver 618 millones de pesos. Añadiendo que testificando contra 25 personas y colaborará en 12 noticias criminales.

En cuanto al exsubdirector de conocimiento de la entidad Luis Carlos Barreto Gantiva testificará contra 15 personas, su pena será de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión y devolverá 150 millones de pesos.

Así mismo, Pedro Andrés Rodríguez Melo quien fue asesor jurídico se comprometió a testificar contra 15 personas por delitos de falsedad ideológica, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Rodríguez deberá cumplir una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión y devolver 1.000 millones de pesos.

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Finalmente, el contratista Luis Eduardo López Rosero testificará contra cinco personas involucradas en el caso y por su delito de interés indebido en la celebración de contratos y deberá cumplir una pena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y devolver 7.722 millones de pesos.

Será un juez de la República quien determine la legalidad de los principios de oportunidad de cada uno de los implicados en el entramado y solo hasta ese momento se suspenderá formalmente la acción penal.