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A pesar de que el Inpec suscribe contratos con operadores privados para brindar el servicio de telefonía fija a los internos de todas las cárceles del país, al parecer está violando la normatividad establecida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, debido a que las tarifas para el cobro del servicio de telefonía exceden los topes establecidos.
Así lo hizo saber el Consejo de Estado al fallar una acción popular a favor de varios internos de las cárceles de Acacías en el Meta y Cómbita en Boyacá.
Los internos demandaron el servicio argumentando que a pesar de que las tarifas son demasiado costosas, las llamadas “se caen, no se pueden realizar llamadas a líneas gratuitas y las tarifas cobradas por minuto son superiores a las establecidas por la normativa expuesta”.
Según la Comisión de Regulaciones no se puede cobrar un valor superior $83,71 sin impuestos o $100,45 con impuestos por minuto, por lo cual la sección segunda del Consejo de Estado indicó que “el valor actual del minuto de llamadas telefónicas en los centros penitenciarios es superior a cualquiera que se pueda conseguir en el mercado”.
Por lo cual señaló que el Inpec no puede fijar “un cobro por minuto superior al fijado por la CRT y superior al promedio del mercado”. Para el Alto Tribunal debe prevalecer el derecho colectivo de los consumidores y usuarios de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y Acacías (Meta) por lo cual ordeno al Inpec reestablecer los precios de las tarifas telefónicas en todo el país.
Y recomienda al Inpec suscribir contratos con entidades que contemplen “la implementación de redes, programas, software y aparatos que cumplan con las condiciones especiales para garantizar la seguridad al interior del respectivo establecimiento, por lo que las llamadas podrán ser controladas, monitoreadas e inclusive bloqueadas por las autoridades carcelarias con el fin de garantizar la seguridad”
