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La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la situación de seguridad y derechos humanos en Popayán, Cauca, ante el accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que buscan ejercer control territorial tanto en zonas urbanas como rurales del municipio.
La entidad a través de la Alerta Temprana 018 de 2026, identificó un escenario de riesgo para la población de las nueve comunas y los 23 corregimientos de la ciudad, con posibles afectaciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad.
El organismo señaló que las dinámicas de violencia están relacionadas con las disputas por el control de corredores estratégicos, las economías ilícitas y la consolidación de mecanismos de gobernanza armada que afectan directamente a las comunidades.
Disputa por corredores estratégicos
De acuerdo con la Defensoría, en la zona rural existe un interés del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja), perteneciente al autodenominado y disidente Estado Mayor Central (EMC), y del ELN por controlar corredores estratégicos que comunican al Cauca con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila.
Estas rutas tendrían importancia para las estructuras armadas ilegales por su ubicación estratégica y por las actividades económicas ilícitas que se desarrollan en diferentes zonas del departamento.
La Defensoría advierte que estas disputas incrementan la vulnerabilidad de las comunidades rurales, que pueden quedar expuestas a amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos y otras formas de violencia.
“En el área urbana, la situación presenta características diferentes. La Defensoría documentó la coexistencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellas bandas locales como ‘Los Comapán’ y presuntos emisarios de carácter transnacional”, señaló.
Según el organismo, estas estructuras utilizarían a Popayán como refugio y plataforma para actividades relacionadas, entre otras, con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.
Homicidios, masacres y control territorial
La Defensoría alertó sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias derivadas de esta situación de seguridad.
Entre los hechos documentados se encuentran homicidios selectivos, acciones de sicariato y masacres. La entidad recordó, por ejemplo, la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas.
También mencionó la incineración de tres personas dentro de un vehículo registrada en marzo de este año, hechos que, según el análisis de la entidad, evidencian la capacidad de daño de las estructuras armadas no estatales y sus intentos por demostrar control territorial.
La Defensoría también identificó prácticas que configuran formas de gobernanza armada, entre ellas la distribución recurrente de panfletos amenazantes, el proselitismo armado y la instalación de pancartas en diferentes sectores.
Estas acciones han sido reportadas en zonas como Cajete y Las Chozas, en la vía hacia El Tambo, así como en los barrios Lomas de Granada, La Pamba y Valladolid.
A esto se suma la extorsión y los secuestros, situaciones que, de acuerdo con la entidad, han generado temor entre los habitantes y afectado las actividades económicas y sociales.
Líderes sociales enfrentan restricciones
Uno de los efectos señalados por la Defensoría es el denominado “confinamiento organizativo” de lideresas y líderes sociales.
Según el organismo, debido a las condiciones de seguridad, algunos representantes comunitarios se han visto obligados a concentrar sus actividades en el casco urbano y limitar su presencia en zonas rurales.
La entidad considera que estas restricciones afectan el tejido social y dificultan el ejercicio de los derechos de participación y organización de las comunidades.
Ataques contra infraestructura
La Alerta Temprana también documenta posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Entre ellas se encuentran ataques contra infraestructura relacionada con la prestación de servicios públicos. La Defensoría menciona específicamente la incineración de vehículos recolectores de residuos sólidos en la vía hacia el corregimiento La Yunga.
A este escenario se suma una nueva amenaza relacionada con el uso de drones cargados con explosivos. Según la información recopilada por la entidad, estos dispositivos habrían sido utilizados o estarían siendo preparados para atacar instalaciones militares ubicadas en el centro urbano.
Amenaza de drones explosivos
La Defensoría señala que en estas actividades estarían involucrados presuntos mercenarios con experiencia en la guerra de Ucrania.
El uso de explosivos mediante drones representa una preocupación adicional debido a que los ataques podrían generar afectaciones indiscriminadas sobre personas e infraestructura civil en una zona densamente poblada.
Niños y adolescentes, entre los principales grupos en riesgo
La Defensoría hizo especial énfasis en la situación de niñas, niños y adolescentes, quienes estarían siendo objeto de estrategias de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados ilegales.
Según la alerta, estas estructuras estarían utilizando plataformas digitales como TikTok y WhatsApp para acercarse a menores de edad y desarrollar mecanismos de captación.
El organismo considera necesario fortalecer los entornos protectores y las acciones institucionales de prevención para impedir que los menores sean vinculados a actividades de los grupos armados.
Las mujeres también enfrentan riesgos particulares. La Defensoría documentó situaciones de violencia basada en género y mecanismos de control considerados degradantes, especialmente contra mujeres que desarrollan actividades sexuales.
Entre los hechos advertidos se encuentra la exigencia de pruebas médicas por parte del disidente Bocja, práctica que la entidad identifica como una forma de control sobre esta población.
Pueblos indígenas también están afectados
La Alerta Temprana identifica riesgos para los pueblos indígenas Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona, quienes enfrentan restricciones que afectan sus prácticas tradicionales y la movilidad dentro de sus territorios y resguardos.
Para la Defensoría, estas comunidades requieren medidas de protección diferencial que tengan en cuenta sus características culturales, territoriales y organizativas.
La entidad insistió en que la respuesta institucional debe evitar que las medidas de seguridad terminen profundizando las vulnerabilidades de las comunidades y debe garantizar la protección efectiva de sus derechos.
Defensoría fórmula 27 recomendaciones
Ante el escenario identificado, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial.
Entre las recomendaciones se encuentra un llamado al Ministerio del Interior para coordinar una respuesta rápida frente a los riesgos identificados. También pidió al Ministerio de Defensa fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta mediante tecnología antidrones.
A la Fiscalía General de la Nación le recomendó avanzar en acciones dirigidas a afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, particularmente frente al lavado de activos.
Las recomendaciones también están dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Educación, la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, entre otras entidades, con el propósito de fortalecer los entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y prevenir su reclutamiento y utilización.
Llamado a una respuesta integral del Estado
La Defensoría sostuvo que la respuesta estatal debe desarrollarse bajo una perspectiva de seguridad humana, enfocada no solo en la presencia de la Fuerza Pública, sino también en la reducción de las vulnerabilidades estructurales que afectan a las comunidades.
Para la entidad, las autoridades deben implementar acciones destinadas a disuadir y mitigar las amenazas, reducir las vulnerabilidades identificadas, prevenir violaciones a los derechos humanos y al DIH, garantizar protección diferencial a las poblaciones en riesgo y fortalecer las capacidades institucionales.
La Defensoría recordó que las Alertas Tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Su propósito es advertir oportunamente sobre escenarios de riesgo y promover acciones institucionales que permitan proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.
“La Alerta Temprana 018 de 2026 pone así el foco sobre la situación de Popayán y plantea a las autoridades nacionales y territoriales el reto de adoptar medidas concretas para evitar que las dinámicas de violencia, control territorial y economías ilícitas continúen afectando a la población urbana y rural del municipio”, puntualizó.
Claves del tema en cuatro preguntas y respuestas
¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018 de 2026?
La entidad emitió la alerta debido al grave escenario de riesgo que enfrentan los habitantes de las nueve comunas y 23 corregimientos de Popayán por el accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que buscan ejercer control territorial.
¿Qué grupos armados representan una amenaza en Popayán y su zona rural?
En la zona rural, la Defensoría identificó intereses de control territorial del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) y del ELN sobre corredores que conectan al Cauca con Valle del Cauca, Nariño y Huila. En el área urbana también se registra la presencia de organizaciones criminales y bandas locales.
¿Qué poblaciones se encuentran especialmente en riesgo?
Entre los grupos más vulnerables están niñas, niños y adolescentes, debido al riesgo de reclutamiento y utilización a través de plataformas digitales. También enfrentan riesgos las mujeres, líderes sociales y comunidades indígenas como los pueblos Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona.
¿Qué medidas recomendó la Defensoría del Pueblo?
La entidad formuló 27 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales. Entre ellas están fortalecer la respuesta institucional, mejorar las capacidades antidrones, combatir el lavado de activos y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento por grupos armados.
