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Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro uniformados de la Policía Nacional. Los agentes son señalados de torturar a un privado de la libertad para obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero en el oriente de Antioquia.
Los hechos: engaños y amenazas en zona rural
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025. Los uniformados habrían sacado a la víctima mediante engaños de la estación de policía de San Vicente Ferrer.
El detenido fue trasladado esposado hasta una zona rural del municipio de La Ceja, donde los policías presuntamente le exhibieron una pica y una pala, amenazándolo con sepultarlo si no entregaba información sobre el paradero del supuesto botín.
Uniformados implicados y cargos imputados
La decisión judicial afecta a los siguientes miembros de la institución:
- Intendente: Rodolfo Herrera Hernández.
- Subintendentes: Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque.
- Patrullera: María Gabriela Yáñez Rodríguez.
Un fiscal especializado de la Seccional Antioquia les imputó el delito de tortura. Adicionalmente, el intendente Herrera Hernández enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento público.
Fuga, auxilio y encubrimiento
La víctima logró escapar de sus captores y llegó a una finca en el municipio de La Unión, donde recibió auxilio de los residentes y logró contactarse con unidades de la Dijín para concretar su entrega voluntaria y denunciar lo ocurrido.
Para intentar encubrir el crimen, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera —en su calidad de subcomandante de la estación de San Vicente Ferrer— reportó oficialmente a sus superiores que el detenido se había fugado durante un supuesto traslado médico. Sin embargo, esta versión fue desmentida por las pruebas materiales y testimoniales obtenidas por los investigadores de la Fiscalía.
