La FM en Google News
Con el fin de evitar hechos de corrupción y casos de lavado de activos dentro de las empresas que brindan servicios de seguridad privada, las autoridades dieron inicio a un proceso de revisión y seguimiento en cuanto al tema tributario y financiero.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada confirmó que impondrá multas por más de $9.000 millones a empresas del sector de seguridad, por incumplir con la obligación legal de reportar su información financiera.
La decisión fue confirmada por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien señaló que la falta de reportes corresponde al periodo del año 2023.
¿Cómo se impondrán las sanciones por parte de la Superintendencia?
Esa entidad expidió un total de 240 resoluciones sancionatorias dirigidas a vigilados e inscritos en el registro oficial, entre ellos, empresas de vigilancia e inscritos en el registro mercantil.
Según señaló la SuperVigilancia, las sanciones obedecen a la presunta omisión en el reporte de estados financieros exigidos por la normativa vigente.
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, reiteró el llamado a las empresas del sector para que cumplan con esta obligación dentro de los plazos establecidos.
“Es fundamental que las empresas reporten con transparencia sus estados financieros antes del 30 de abril. El cumplimiento de esta obligación no solo responde a un mandato legal, sino que contribuye a cerrar espacios a posibles riesgos de lavado de activos”, afirmó el funcionario.
Transparencia y nuevas sanciones a futuro
Agregó que es importante implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), como herramienta clave para fortalecer la legalidad y la transparencia en el sector.
Además, recordó que su administración es pionera exigir que sus vigilados apliquen los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
La SuperVigilancia advirtió que en las próximas semanas continuará con la expedición de nuevas sanciones, a aquellas empresas que persistan en el incumplimiento de esta obligación.
"Con estas acciones, la entidad reafirma su compromiso con el control, la transparencia y la legalidad en el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia", señaló Larry Álvarez Morales.
Sumado a ello, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada confirmó la infiltración criminal en empresas de seguridad y ordenó la suspensión de 31 licencias.
La entidad advirtió que existe un patrón en el uso de licencias legales para facilitar actividades ilícitas, por lo que habrá sanciones en distintas regiones del país.
