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La Procuraduría General de la Nación aplazó la audiencia disciplinaria que tenía programada para este ocho de enero en el proceso contra el congresista Eduardo Pulgar por supuesto soborno a un juez de la República.
La decisión se dio después de recibir una petición del Instituto Carcelario y Penitenciario (Inpec), porque los equipos de computo a través de los cuales se realizan las audiencias virtuales estarán en mantenimiento.
“Se tiene programado para ese día mantenimiento de línea de red y configuración de equipos de cómputo para garantizar el buen funcionamiento de los equipos”, dice la carta firmada por el dragoneante John Cárdenas y que fue enviada a la Procuraduría.
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La misma carta dice que esos equipos deben arreglarse porque son los que se usarán en las próximas audiencias virtuales. “Está próximo el inicio de actividades virtuales con personas privadas de la libertad, recluidas en el patio donde se encuentra el señor Pulgar Daza”, dice la misiva.
Aunque aún no es oficial la nueva fecha para el inicio de las audiencias de juicio, fuentes del proceso estiman que éste iniciaría el próximo 13 de enero, sin embargo la Procuraduría deberá confirmar la fecha exacta.
El proceso disciplinario coge nuevamente vuelo después de que el Consejo de Estado, resolviera un conflicto de competencias generado entre la Procuraduría y la Comisión de Ética del Senado.
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El Alto Tribunal resolvió que la entidad idónea para investigar a Pulgar es el Ministerio Público, dado a que se trata de hechos de presunta corrupción.
Estos líos judiciales fueron revelados por la denuncia periodística del columnista Daniel Coronell, quien reveló los audios en los que se escucharía la voz de Pulgar ofreciéndole al juez una millonaria suma de dinero a cambio de que tomara una decisión favorable en un proceso contra Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana.
Por ese soborno que al parecer cometió el Congresista, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación que esta en etapa de recaudo de pruebas.
En ese proceso penal, la Corte resolvió la situación jurídica de Pulgar ordenando su traslado al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota.
Fuentes de la Corte explicaron que se encontraron suficientes pruebas para considerar que Pulgar debe defenderse privado de la libertad.
