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La crisis de orden público en Santa Marta se puede describir como un fenómeno complejo, marcado por la disputa territorial entre grupos armados ilegales, el fortalecimiento de estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una grave afectación a la población civil.
Esta crisis no es nueva, ya que, desde mayo de 2025 se tienen registros por parte de la ONU que advirtieron sobre el riesgo de “extinción física y cultural” de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, denunciando un incremento de la violencia territorial por parte de grupos armados no estatales desde 2022.
El pasado 22 de septiembre, las ACSN declararon un “paro armado” en la capital del Magdalena. Se reportaron vehículos incinerados, disparos contra establecimientos comerciales y el cierre forzado de negocios. Ante esta situación, el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, ordenó la militarización de la ciudad y el refuerzo de la presencia militar y policial.
En entrevista con La FM, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, entregó un balance sobre las medidas adoptadas, mientras que la defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó los riesgos que persisten para la población civil.
Santa Marta tras los ataques
Carlos Pinedo aseguró que las últimas horas han estado marcadas por un fuerte “traumatismo” en la ciudad, pero sostuvo que las autoridades han reforzado su capacidad operativa. Según el alcalde, en las últimas 24 horas llegaron 600 policías y 500 militares para fortalecer la seguridad en el distrito.
El mandatario señaló que también se lograron desbloquear zonas rurales y que los enfrentamientos con integrantes de los Conquistadores de la Sierra dejaron, según su reporte, 13 integrantes de ese grupo abatidos y siete extraídos de las zonas de combate.
“Las operaciones continúan y, aunque han generado traumatismos en el casco urbano, estamos garantizando la seguridad”, afirmó Pinedo, quien hizo un llamado a los habitantes para retomar sus actividades.
El alcalde indicó que el transporte público opera entre un 70 % y 80 %, mientras que en la zona rural fueron suspendidas las clases debido a los enfrentamientos. También aseguró que la fuerza pública permanecerá en el distrito hasta que, según las instrucciones recibidas, se recupere completamente la seguridad.
Pinedo también atribuyó el fortalecimiento de las estructuras criminales a lo que calificó como una “fallida política de paz total”. Según su interpretación, durante los últimos años se habría permitido que estos grupos aumentaran su presencia territorial.
Asimismo, cuando fue consultado sobre su opinión acerca de la orden de De La Espriella de militarizar la ciudad y gran parte del territorio, declaró que apoyó la decisión, ya que, según él, esto responde a las necesidades de los ciudadanos y pobladores de la zona. "La gente temía por su seguridad debido al apoderamiento del Parque Tayrona por parte de estos grupos", afirmó.
Ante la situación, declaró varios trabajos coordinados con el presidente de la República para que "no se retirara del distrito ni de la zona rural hasta que se haya recuperado la seguridad por completo", argumentando que, por ley, es el debido proceso de la situación.
"Esas son las instrucciones precisas para hacer cumplir la ley y la Constitución", afirmó.
Los riesgos para la población civil
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que la situación actual se produjo después de un operativo de la fuerza pública y de una posterior represalia atribuida a Los Pachencas, grupo que se hace llamar Conquistadores de la Sierra.
“Vemos todavía mucha restricción en la movilidad, no porque esté ordenada necesariamente, sino porque la gente tiene temor a salir y a continuar sus actividades normales”, explicó.
La funcionaria recordó que la Defensoría emitió una alerta temprana en diciembre del año pasado sobre la situación de la Sierra Nevada, que comprende 21 municipios. De acuerdo con su explicación, Santa Marta, Ciénaga y Dibulla están entre las zonas directamente afectadas por la dinámica de violencia.
"El control de Los Pachencas es muy fuerte; toda la actividad en la zona es de alguna manera permitida por este grupo y, por consiguiente, la orden de no continuar con las actividades comerciales tiene la capacidad de infundir un gran temor", aclaró.
La Defensora destacó que, si bien es pertinente que el presidente se encuentre en el territorio haciendo "acompañamiento directo a la situación", todavía persiste un temor en la población.
Marín también aclaró que no cuenta con información específica que permita advertir actualmente sobre posibles excesos de la fuerza pública. Sin embargo, advirtió que la presencia de grupos armados y las operaciones militares pueden generar escenarios de desplazamiento, confinamiento y suspensión de actividades económicas.
"La presencia de la fuerza pública es necesaria e importante para la protección de la población civil, pero es inevitable el riesgo de combates y enfrentamientos", afirmó.
Sobre las causas del fortalecimiento de estas estructuras, la defensora sostuvo que el fenómeno es “multicausal” y que no existe evidencia para atribuirlo exclusivamente a la política de paz total, aunque reconoció que la Defensoría fue crítica frente a algunas de esas medidas.
"Fuimos muy críticos desde la Defensoría del Pueblo de ciertas medidas de la paz total que, en la práctica, propiciaron indirectamente el crecimiento de estos grupos armados. Pero, particularmente con Conquistadores de la Sierra, no hubo mucho avance en los procesos de conversación", declaró la Defensora.
Marín cuestionó los discursos presidenciales que plantean respuestas de carácter vengativo contra los grupos armados y defendió que la actuación estatal debe combinar el uso legítimo de la fuerza con la judicialización y protección de la población civil.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué pasó en Santa Marta tras el paro armado de las ACSN?
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) declararon un paro armado el 22 de septiembre, con reportes de vehículos incinerados, disparos y cierre de establecimientos. Las autoridades reforzaron la presencia militar y policial.
¿Cuántos policías y militares llegaron a Santa Marta?
El alcalde Carlos Pinedo informó que en las últimas 24 horas llegaron 600 policías y 500 militares para fortalecer la seguridad en el distrito y apoyar las operaciones en las zonas afectadas.
¿Cómo está funcionando el transporte público en Santa Marta?
Según el alcalde, el transporte público opera entre 70 % y 80 % de su capacidad. En las zonas rurales, las clases fueron suspendidas debido a los enfrentamientos registrados.
¿Qué riesgos enfrenta la población civil en la Sierra Nevada?
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre posibles escenarios de desplazamiento, confinamiento y suspensión de actividades económicas por la presencia de grupos armados y las operaciones de la fuerza pública.
¿Qué había advertido la Defensoría sobre la violencia en la Sierra Nevada?
La entidad había emitido una alerta temprana en diciembre de 2025 sobre la situación de la Sierra Nevada, que comprende 21 municipios. Santa Marta, Ciénaga y Dibulla están entre las zonas afectadas por esta dinámica de violencia.
