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La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, aseguró que el pasado 6 de junio de 2018 presentó ante la Corte Constitucional una Intervención Ciudadana dentro del trámite de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 del Senado y 016 de 2017 de la Cámara de Representantes, en la que se solicitó se mantuviera la sanción de la violencia sexual contra menores de 18 años en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La solicitud se basa en el argumento de que se "estarían negando derechos a estas víctimas e incumpliendo el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
La Red de Mujeres Víctimas señala que a partir de sus propias experiencias, han logrado considerar que la JEP ofrece una oportunidad real para obtener derechos a la verdad y la justicia como víctimas de un delito que tiene altos índices de impunidad en la justicia ordinaria.
Cabe resaltar que en el marco del evento “Mi Verdad Cuenta”, esta entidad entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz cerca 2.000 casos documentados de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la entrega de estos casos pone en evidencia que la violencia sexual persiste, pese a que el proceso de paz ha tenido incidido en la reducción de hechos de violencia como el homicidio.
Finalmente, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales indicó que tiene confianza en que la JEP ofrecerá formas para sancionar la violencia sexual y sobre todo logrará generar mecanismos que garanticen su no repetición.
"Esto lo afirmamos porque trabajamos para que fuera incluido en el Acuerdo Final, como efectivamente sucedió: las dos partes acordaron que la violencia sexual es un delito en el que los responsables no tendrán beneficios de indultos, ni amnistías, y para su investigación se acordó crear un equipo especial de investigación en la JEP", precisa la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales en una publicación realizada en su sitio web.
