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La exgobernadora del Magdalena Rosa María Cotes fue acusada por la Fiscalía de haber entregado contratos a una persona que hizo parte de su campaña política.
En desarrollo del proceso investigativo, expertos en contratación pública de la Fiscalía recaudaron material probatorio y evidencia física que advierte la presunta participación de la señora Cotes de Zúñiga en estas irregularidades.
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Para el organismo investigador en este caso se registró un entramado de corrupción que causó grave afectación a los recursos públicos de ese departamento.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente a la gobernadora del Magdalena para el periodo 2016 -2019, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en tres eventos.
La exmandataria seccional usando su cargo habría direccionado a través de distintos funcionarios de la gobernación la adjudicación de manera directa de tres contratos a una empresa de la cual era representante legal, una mujer que hizo parte de su campaña política en el 2015 en calidad de contadora.
Para el ente acusador, con este procedimiento la ex-gobernadora eliminó cualquier proceso licitatorio público, que brindara garantías de transparencia, selección objetiva, planeación y la participación de distintas propuestas económicas que permitieran seleccionar al mejor oferente.
Igualmente se estableció que Cotes de Zúñiga estaba impedida para contratar con personas que al parecer eran cercanas a ella, y que además hubieran formado parte de su equipo de trabajo cuando aspiraba a dicho cargo.
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Es así como Cotes de Zúñiga es señalada de no cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia y no controlar ni supervisar la contratación al ser la ordenadora del gasto de la gobernación.
Los contratos investigados por un valor de $1.023 millones, tenían por objeto implementar las normas internacionales de contabilidad en los procesos de la Gobernación del Magdalena.
