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A falta de dos meses para que entre en vigencia la reforma pensional, aprobada por el Congreso de la República en junio de 2024, el panorama sigue siendo incierto, ya que sobre el articulado recaen demandas que podrían anular la nueva ley.
Una de las acciones jurídicas más relevantes es la presentada en agosto por la senadora Paloma Valencia, cuyo desenlace podría conocerse en los próximos días, a mediados de mayo.
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Para entonces, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, deberá presentar su ponencia, la cual será clave para definir el futuro de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
¿Qué sucedería si la Corte falla en contra de la reforma?
En caso de que la Corte Constitucional declare inexequible la Ley 2381 de 2024, el sistema pensional continuaría rigiéndose por la normativa vigente, es decir, la Ley 100 de 1993.
El abogado Gerson Cañón, experto en derecho laboral, señaló a Valora Analitik que no habría una crisis pensional inmediata, ya que se mantendrían las condiciones actuales. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos a largo plazo para la sostenibilidad del sistema.
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Al respecto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó que la reforma pensional es esencial para garantizar el futuro del sistema de pensiones tanto de los trabajadores activos como de los jubilados.
Petro cuestionó el modelo de cuentas individuales, al considerarlo un simple mecanismo de ahorro, donde se entrega el dinero a un banquero sin que ello garantice el derecho efectivo a pensionarse.
Por su parte, Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, insiste en que la totalidad de las cotizaciones debe destinarse al ahorro y la capitalización.
Santiago Montenegro, presidente del gremio hasta julio de 2024, aseguró que la reforma debía incorporar criterios técnicos para una adecuada transición y gestión de los recursos, con el fin de promover una mayor equidad.
También criticó la reducción del umbral de cotización a Colpensiones a 2,3 salarios mínimos, al considerarlo insuficiente y perjudicial para el ahorro de los trabajadores.
Adicionalmente, Asofondos advirtió en su momento que la reforma afectaría al 82 % de los afiliados, quienes perderían las rentabilidades que actualmente generan sus ahorros en fondos privados, con un impacto negativo en su etapa de vejez.
La normativa también reduciría el alcance de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), al disminuir el número de afiliados frente a Colpensiones bajo las nuevas reglas.
Por ahora, se espera que en las próximas semanas la Corte Constitucional emita una decisión definitiva. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, ha señalado que el fallo se conocerá en un plazo de entre tres y cinco semanas.
