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Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate más del 90% del los artículos del proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario y adecua la norma al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Gustavo Petro.
Durante la discusión, algunos legisladores cuestionaron que esta iniciativa le otorgue ‘superpoderes’ a la Procuraduría General de la Nación para adelantar investigaciones y para ejercer funciones jurisdiccionales y de policía judicial.
El senador Rodrigo Lara indicó que “es inconcebible la idea de otorgarle carácter jurisdiccional a un órgano de naturaleza administrativa, cuyo origen es político. No concibo la idea de darle función jurisdiccional a un órgano cuyo propósito es investigar y sancionar y servidores públicos sobre la base de un ejercicio discrecional y subjetivo”.
Para el senador Iván Name, es un error darle tanto poder al Ministerio Público, porque no se sabe quien ocupará ese cargo en el futuro.
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“No sabemos mañana si vuelva un caníbal como ya tuvimos, que vuelva un animal de las doctrinas cavernícolas. Hoy tenemos una buena procuradora, una persona que nadie puede descalificar, pero mañana no sabemos, por eso las instituciones hay que adecuarlas independientemente de lo que pase en las calles”, indicó.
Ante esto, el senador Fabio Amín, coordinador ponente de esta enmienda al Código Disciplinario, sostuvo que estas funciones jurisdiccionales son constitucionales y fortalecen la función que debe desempeñar la Procuraduría.
“Hay que darle cumplimiento a ese artículo de la Constitución y permitir las funciones jurisdiccionales que en este caso le son atribuibles a un órgano de control, a una autoridad administrativa, pero de manera precisa, solo para conocer los procesos disciplinarios”, sostuvo.
Sin embargo, el representante José Daniel López indicó que estas funciones son peligrosas, por las nuevas facultades que tendría la Procuraduría.
“Habilita que en el marco de investigaciones disciplinarias se adelanten interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, allanamientos, entre otros temas que son supremamente problemáticos y yo creo que ese riesgo sí hay que cortarlo de raíz”, manifestó.
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La senadora Esperanza Andrade defendió el proyecto de ley presentado por la procuradora general y afirmó que de no aprobarse, miles de procesos quedarían en el limbo.
“Cómo vamos a dejar más de 12.000 expedientes de funcionarios elegidos por votación popular al albedrío y a la libre voluntad de sus abogados, que si no se adecua este procedimiento van a interponer los recursos y a justificar que la Procuraduría que no va a poder investigarlos”, dijo.
También ha generado polémica un artículo que le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para reformar la planta de la Procuraduría y adecuar su funcionamiento a los nuevos cargos que tendrán que crearse para adelantar los procesos disciplinarios.
