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Durante un debate en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Daniel Palacios, defendió la actuación que ha venido haciendo el Gobierno nacional para atender el paro y los hechos de violencia que se han registrado durante las manifestaciones.
Sin embargo, Palacios fue claro en señalar que el desbloqueo de las vías no es negociable porque se trata de un delito que viola los derechos de los demás colombianos que no están participando en las movilizaciones. El funcionario cuestionó a quienes legitiman esta práctica.
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“En eso vamos a estar diametralmente opuestos el Gobierno nacional y quienes les parece que es aceptable. Les quiero contar que no nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que rogar para acceder a la comida, no nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que rogar para poder ir a su lugar de trabajo, no nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano para poder acceder a oxígeno o a la vacunación tenga que rogarle a un tercero que está haciendo un acto ilegal”, señaló.
“Si esa es la condición para levantar el paro, pues señores ahí nos vamos a quedar, porque los bloqueos no son aceptables, por más que los quieran vender como aceptables, no lo son, porque violan los derechos de los demás colombianos y ponen en riesgo la vida de los colombianos, porque ponen en riesgo la nutrición de los menores de edad”, añadió.
El ministro del Interior también le advirtió a los miembros del comité del paro que ellos no representan a todos los colombianos que están protestando y mucho menos a quienes conforman la denominada ‘primera línea’.
“El Comité del Paro no es todo Colombia, de hecho no representa a muchos. Les quiero decir que en las reuniones que he tenido personalmente con los de la primera línea en Cali, me dijeron claramente que el comité del paro no los representaba, entonces hablemos con claridad”, añadió.
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Dijo que el Gobierno celebra que muchas vías del país estén siendo desbloqueadas con el diálogo y con ayuda de la Fuerza Pública, pero advierte que no permitirán que en Colombia se instaure esta práctica como algo aceptable en la que los ciudadanos tengan que rogar para poder acceder a sus derechos.
