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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) imputaron cargos como máximos responsables contra 20 cabecillas de las antiguas Farc, como como máximos responsables por los miles de casos de reclutamiento ilícito de menores documentados en el marco del conflicto armado.
Los magistrados lograron probar un universo de al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes, que fueron víctimas de reclutamiento forzado entre los años de 1971 y 2016, de los cuales, muchos fueron sometidos a otros delitos como torturas, abusos sexuales y abortos forzados.
La magistrada Lili Rueda, anunció que ese tribunal llamó a responder en imputación a 20 cabecillas de bloques Sur, Noroccidental, Oriental, Magdalena Medio, entre otros, en el marco de la investigación regional por estos graves hechos la sala de Reconocimiento
Dentro de los jefes de las Farc que fueron llamados a reconocer su responsabilidad se encuentran alias Fabián Ramírez (bloque sur); alias Víctor Tirado (bloque noroccidental y bloque oriental); alias Hernán Benites (bloque sur); alias Martín Corena (bloque sur) Jimmy Guerrero (bloque del Magdalena Medio) y Alberto Muñoz (coordinador unidad Centro).
La investigación estableció que el bloque oriental de las antiguas Farc concentró la mayor proporción de casos a nivel nacional, con cerca de la mitad de las víctimas documentadas.
“El reclutamiento de menores se ejecutó de manera sistemática en todas las estructuras regionales de la organización, bajo una lógica de expansión y fortalecimiento militar” indicó la magistrada Rueda.
Víctimas de comunidades indígenas
La magistrada explicó que solo en el Caso 07 participan 11.052 víctimas. De ellas, 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños y niñas reclutados desaparecido.
“En este caso también se han acreditado como víctimas colectivas a cinco pueblos indígenas: koreguaje, hitnü, barí, sikuani, ~pãmiwã (cubeo) y a un consejo comunitario: Consafro, que suman 9.027 personas únicas”, indicó la magistrada.
“Entre 1971 y 2016 las extintas Farc-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas. De acuerdo con la investigación, 1999, 2002, 2007 y 2013 fueron los años más críticos”, dijo.
Con base en los testimonios de las víctimas y las abundantes pruebas se determinó que el reclutamiento y la utilización de niños y niñas ocurrieron en entornos rurales, de pobreza persistente, con una limitada o inexistente presencia del Estado y una oferta precaria de servicios básicos, particularmente en materia de educación, salud y recreación.
Según los magistrados, esas condiciones incidieron en la incorporación temprana de niños y niñas a labores de trabajo irregulares y una exposición a dinámicas de violencia intrafamiliar, lo que profundizó vulnerabilidades preexistentes.
La intensa búsqueda y rescate de niños reclutados
A partir de los testimonios de las familias buscadoras, que constituyen el 40% de las víctimas acreditadas, la JEP detectó que una vez los menores fueron reclutados, sus familiares acudieron por sus propios medios a indagar sobre su paradero asumiendo los riesgos que ello significaba.
“Familias que recorrieron largas distancias por territorios geográficamente aislados y disputados por la vía armada, así como llegar a los campamentos, confrontar a comandantes o miembros de la guerrilla y exigirles respuestas”, indicó la JEP.
Ese tribunal enfatizó que mientas algunos pudieron confirmar que sus hijos habían sido reclutados o utilizados por las antiguas Farc, otros solo supieron tiempo después que habían muerto en medio de combates, pero sin poder acceder a los restos de su ser querido.
“En los casos más extremos hubo familias que nunca lograron algún dato o pista que permitiera dar con el paradero de sus niños y niñas”, enfatizó la JEP.
