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Ante la Procuraduría General de la Nación llegó una queja disciplinaria contra la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, luego realizar un video que fue publicado en su cuenta de X donde emitió varias recomendaciones al Congreso de la República para la elección del nuevo magistrado o magistrada en la Corte Constitucional.
La acción disciplinaria fue interpuesta por el ciudadano, Santiago Alvarán Mejía, donde se alega que la jefe de la entidad Defensora de los Derechos Humanos "habría abusado presuntamente, de su investidura para participar indebidamente en política y así favorecer a una candidata para la Corporación Constitucional".
El video fue publicado a las 5 y 25 de la mañana del primero de septiembre y en el la Defensora hace una advertencia al cuerpo de legisladores, en la que pidió respeto por la independencia, autonomía e imparcialidad frente a los sectores políticos que según ella, podrían tener cierto grado de influencia en la decisión que adopte el Congreso.
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La denuncia apunta a que el cuestionado discurso fue un apoyo crucial para la jurista, María Balanta, quien figura en la carrera para magistrada y a quien la señalan de ser la candidata del Gobierno para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes, quien saldrá el próximo 8 de septiembre.
"Tal conducta constituye una intervención indebida en un proceso de elección de alto dignatario, utilizando su investidura y los recursos de la institución para favorecer una candidatura, lo que atenta contra los principios de imparcialidad, transparencia y neutralidad que deben regir el ejercicio de su cargo", señala la demanda.
En su discurso, la Defensora recalcó que la equidad de género es crucial para la gobernanza en materia de buenas decisiones constitucionales, especialmente funcionarios y funcionarias que ocupen cargos en las altas Cortes.
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Además señaló que: "el Senado tiene la responsabilidad de dar una discusión que se enmarque en el principio central de actuación de la Rama Judicial: su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos".
La demanda solicita investigar disciplinariamente a la Defensora del Pueblo y de ser comprobadas dichas faltas, piden imponer sanciones contra la jefe del órgano de control.
