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El 19 de julio pasado, la Fiscalía General de la Nación destapaba, en detalle, el escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En ese entonces, el ente acusador anunciaba la captura de siete personas y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigara al representante Eduardo José Tous de la Ossa y al senador Musa Besaile.
¿En qué consiste el escándalo? En la mediación de congresistas en la adjudicación irregular de la contratación del país a cambio de coimas. "Con fundamento en más de 1.000 horas de interceptación, análisis de documentos, vigilancias y seguimientos y al menos un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación dio cuenta de la existencia de la mediación de congresistas en la adjudicación irregular de la contratación del país a cambio de coimas.
En este caso, se trataría de una organización criminal que gestó la adjudicación irregular de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que, sin cumplir los requisitos legales y a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas. "La investigación tiene origen en una invitación hecha por Fonade el 2 de marzo de 2017, para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita, que se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila", informó la Fiscalía General de la Nación.
Por tratarse de un proceso de convocatoria privada, era potestativo del director de la entidad invitar a quienes considerara pertinente. En este caso, llamó a 3 empresas:
Técnicas Territoriales y Urbanas SL Sucursal Colombia TTU
KHB Ingeniería S.A.S.
Tecnologías y Consultorías Amientales y de Gestión S.A.S. Tecniconsulta S.A.S.
La representante legal de esta última, Marcela Sofía Alies Fuentes, se unió con Juan Felipe Morales Tabares, de ISOAM S.A.S y con Amaury Segundo García De La Espriella, de Grupo Orión., para presentarse a la invitación como ‘Consorcio Interviviendas’. Al proceso de contratación sólo se presentaron Técnicas Territoriales y Urbanas, TTU y el Consorcio Interviviendas.
Según los elementos materiales probatorios recaudados, este consorcio fue contactado por Richard Kamal Náder Ordosgoitia y por Ronald Ruiz de León, quienes habrían fungido como intermediarios del senador Musa Besaile para la adjudicación de este contrato. Ellos habrían advertido a los miembros del consorcio que debían cancelar el 25% del valor total a ‘los senadores’ y el “10% para el director de la Torre Negra”, que se presume corresponde a un funcionario de alto rango de Fonade.
Para adjudicar el contrato al consorcio, según la Fiscalía, habrían falsificado los documentos que certificaban idoneidad y, para acreditar la experiencia exigida, habrían acudido a la representante legal de Tecniconsultas, a cambio de pagarle $200’000.000 (doscientos millones de pesos).
La propuesta presentada por Interviviendas no cumplía con ninguno de los requisitos requeridos. De hecho, Náder Ordosgoitia, quien tendría la capacidad de intervenir en el proceso a través de tres funcionarios de Fonade, habría tenido información privilegiada acerca de cuáles eran las fallas en los documentos radicados ante la entidad. Los funcionarios con quienes aparentemente tenía contacto, eran Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de contratación de gerencia, Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez Lozano, funcionarios de otras áreas de la entidad.
Para garantizar que la propuesta quedara en manos del Consorcio Interviviendas, los miembros de éste habrían contactado a TTU, el otro proponente, y habrían acordado el pago de $200’000.000 (doscientos millones de pesos) para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultara perdedora.
El Comité Evaluador de Fonade recomendó declarar fallido el proceso a comienzos del mes de abril de 2017, obstáculo que se habría salvado con la intervención de otros funcionarios de esa entidad, a quienes se les habría ofrecido una coima si se obtenía un concepto favorable al proceso.
Para lograr que la adjudicación se diera, en varias ocasiones habría intervenido el congresista Eduardo José Tous. El 25 de abril se obtuvo el concepto favorable en el que se le adjudica al Consorcio Interviviendas el contrato y el 26 de abril se llevaron a cabo los trámites ante una entidad bancaria ubicada al frente de Fonade, en Bogotá, para retirar los recursos que se distribuirían entre los funcionarios del área jurídica implicados.
Finalmente, el contrato se celebró el 8 de mayo de 2017. Posteriormente, se evidenciaron pagos desde la cuenta del representante legal del consorcio hacia la de Amaury García quien, a su vez, hizo consignaciones para Richard Náder y Ronald Ruiz de León, el otro intermediario.
Las investigaciones permitieron determinar que se habría pactado un pago de $4.153’000.000 (cuatro mil ciento cincuenta y tres millones de pesos) para senadores, entre ellos Musa Besaile, correspondientes al 25% del valor total del contrato. Se habrían pagado por lo menos $60’000.000 (sesenta millones de pesos) a Richard Náder y cerca de $36’000.000 (treinta y seis mil pesos) a Ronald Ruiz de León, presuntos intermediarios del exsenador Musa Besaile.
Se habrían pagado $15’000.000 (quince millones de pesos) a los funcionarios del área jurídica de Fonade que participaron en la operación. Se prometió el pago de $200’000.000 (doscientos millones de pesos) al equipo evaluador de proyectos de Fonade, pagaderos durante la ejecución del contrato.
Se ofrecieron $200’000.000 (doscientos millones de pesos) a Marcela Alies Fuentes, quien aportó la experiencia al consorcio adjudicatario. De estos ya le habrían pagado $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).
Adicional a las imputaciones y capturas por este caso, el fiscal de conocimiento compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habrían incurrido el entonces senador Musa Besaile y el entonces representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa.
Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco
En el marco de estas investigaciones, el periódico El Tiempo publicó un informe en el cual menciona a los senadores Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco. "Durante 36 días, el ingeniero Jorge Iván Henao Ordóñez permaneció escondido en Bogotá, buscando afanosamente un abogado y planeando cómo salvar su cuello de la investigación que la Fiscalía le sigue por repartir jugosos contratos estatales a recomendados y fichas de poderosos congresistas", señaló el citado medio.
"Henao asegura tener información sobre jugosos contratos pactados con congresistas. Inicialmente, mencionó a los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Armando Benedetti, de ‘la U’. También dice que contará qué contratación benefició a Musa Besaile e incluso afirmó estar dispuesto a hablar de su padrino político: ‘Ñoño’ Elías", agrega.
Al respecto, el senador Armando Benedetti dijo que el mismo informe periodístico no demuestra nada, pues está basado en supuestos. "Si a mi me quieren vincular, a través de un asistente, con la corrupción de Fonade, es un acto vil", señaló.
De igual manera se pronunció el senador Luis Fernando Velasco. Sobre él la publicación reseña: " Henao asegura que la entonces gerente de esa entidad, María Cristina Palau, quien en el 2010 se quemó en su aspiración al Congreso por el Partido Liberal, advertía que ella representaba a una bancada y que era ficha del senador Luis Fernando Velasco.
Con esas credenciales, el 29 de noviembre de 2016, Palau delegó en Fonade parte de la actividad misional de la Uspec: desde gerenciar la ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria, hasta el plan maestro de infraestructura. Según testigos, la delegación iba acompañada de un listado con contratistas".
Al respecto, el congresista aseguró: "Me gustaría que concreten las acusaciones porque no las entiendo. Me gustaría que la Fiscalía no solo buscara culpables sino la verdad".
