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De igual forma, Salamanca Nempeque deberá pagar una multa de doce mil seiscientos sesenta y seis salarios mínimos legales mensuales para el año 2005, tras hallarlo penalmente responsable en calidad de autor del delito de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el delito de Homicidio en persona protegida en concurso homogéneo sucesivo.
Los hechos por los cuales el oficial fue condenado tienen que ver con tres operaciones militares realizadas por la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, conocida como AFEUR, ocurridas en Medellín, entre 2004 y 2005 y que dejaron cinco víctimas que fueron presentadas como muertos en combate.
La primera de ellas se registró el 4 de junio de 2005; miembros de la AFEUR en cumplimiento de la misión táctica jungla, en el municipio de Caldas, Antioquia, dieron muerte a Luis Bernardo Álvarez.
La segunda ocurrió el 7 de diciembre de 2004 en el corregimiento La Miel, del municipio de Caldas, Antioquia, cuando el destacamento Halcón en desarrollo de la operación Faraón, ocasionó la muerte de Juan Diego Flórez Vallejo y Alejandro Chaverra Vargas.
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Asimismo, se registró la muerte ocurrida el 11 de octubre de 2004, cuando en aparente cumplimiento de la operación Faraón, las fuerzas especiales No. 5, ocasionaron la muerte de dos personas, un NN masculino y un NN femenino.
Como circunstancias concurrentes a los 3 sucesos anteriores se tiene que, según la investigación adelantada por la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las víctimas fueron llevadas bajo engaños hasta sitios inhóspitos y apartados de los cascos urbanos, en los cuales los militares procedieron a ejecutarlos.
Salamanca Nempeque fue vinculado formalmente mediante diligencia de indagatoria el 10 de febrero de 2012, diligencia en la que se le formularon cargos por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Asimismo fue capturado el primero de agosto de 2012 en Bogotá y recluido en el Centro de Reclusión del Batallón de Policía Militar No. 13.
La decisión fue apelada por parte de la defensa y confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de julio de 2013, modificando la calificación jurídica en el sentido de que procedía por los delitos de homicidio en persona protegida y no de homicidio agravado, manteniendo incólume la atribución de responsabilidad por el ilícito atentatorio de la seguridad pública.
Luego de realizado el juicio, el Juez Cuarto Penal Especializado de Medellín condenó al oficial a 58 años de prisión con base en la decisión del Fiscal se segunda instancia respecto del cargo de homicidio en persona protegida.
