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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra “funcionarios por determinar” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, luego de varias denuncias de violencia sexual que provocaron disturbios el 16 de marzo.
El proceso disciplinario entra en una etapa preliminar para precisar las víctimas y los victimarios que habrían protagonizado un episodio de acoso y abuso sexual en uno de los baños de la facultad tecnológica de la Distrital, en el sur de la capital.
La idea, señaló el Ministerio Público en un comunicado, es “establecer lo ocurrido en el centro educativo, los presuntos responsables”, las faltas disciplinarias “y las posibles omisiones institucionales”. Por eso le pidió información a la institución.
El lunes 16 de marzo unos quince encapuchados sostuvieron enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Manejo del Orden (Undmo, el antiguo Esmad). Parte de la comunidad estudiantil se manifestaba por una aparente falta de respuesta.
Las protestas por las que la Procuraduría investiga en la Distrital
Cuatro días antes, cuando el abuso sucedió, la decanatura de la facultad expresó en una comunicación “su firme rechazo ante cualquier tipo de violencia”, y respaldó a la oficina de Bienestar Universitario, que “ha brindado acompañamiento integral”.
La afectada fue una estudiante, indicó la universidad, si bien no reveló detalles sobre su identidad o la de su presunto agresor. El Protocolo de Prevención y Atención “continuará desarrollándose con la confidencialidad, la diligencia y el rigor”.
El choque entre manifestantes y la fuerza pública causó caos en la Avenida Villavicencio con la Avenida Gaitán Cortés. Los disturbios se extendieron por más de tres horas e involucraron tanquetas y gases lacrimógenos.
No es la primera vez que la Procuraduría le pone la lupa a la violencia de género en la Distrital. En 2025 el ente de control sancionó al exdirector de Bienestar Tito Ernesto Gutiérrez Daza por desatender denuncias contra el exprofesor Carlos Julio Arrieta.
Los antecedentes de “omisiones” de la universidad en casos de violencia de género
Un año atrás la Sala Disciplinaria de Juzgamiento ratificó una destitución e inhabilidad de diecisiete años contra el exdocente de Matemáticas por haber asediado a sus víctimas a través de contactos físicos, comentarios sexuales y miradas morbosas.
Gutiérrez no atendió las quejas de dos estudiantes que desde 2019 narraban los actos de Julio. En ese momento el Ministerio Público se refirió a la “violencia institucional” presente en la universidad al no implementar la ruta de atención a mujeres.
En 2023 la Corte Constitucional llamó la atención de la alma mater por una “omisión” que causó daños en 131 estudiantes que desde 2006 denunciaron a un docente por acoso sexual. “Las autoridades no atendían las quejas y denuncias”, zanjó el tribunal.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción remarcó este martes que investigará “las acciones llevadas a cabo” por la Distrital, le dará “seguimiento a la respuesta institucional” y ratificará su “compromiso con la protección de las víctimas”.
