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Un juez en Bogotá ordenó este lunes la libertad inmediata por vencimiento de términos de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, considerada pieza clave del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
La decisión fue adoptada por parte de un juez de Bogotá que concluyó que están ampliamente superado los 240 días que establece la ley como límite para el inicio del juicio desde la radicación del escrito de acusación.
Con base en lo expresado por la defensa, el juez determinó que desde el 24 de enero de 2025 a la fecha han transcurrido un total de 473 días detenida sin que inicie la audiencia de juicio en su contra.
Explicó que tras hacer una revisión y verificación de ese tiempo, resulta necesario descontar un total de 144 días que son atribuibles a la defensa de Sandra Ortiz y al propio juzgado especializado que conoce su caso.
El juez dejó en claro que pese a este descuento de 144 días, queda claró que legalmente y siguiendo las normas del Código de Procedimiento Penal que Sandra Ortiz Lleva en total 329 días detenida sin que arranque el juicio en su contra y por ello, se hace merecedora a la libertad inmediata.
“En consecuencia el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y en consecuencia ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova”, indicó el Juzgado.
Así mismo, ordenó emitir la correspondiente boleta de libertad con destino al comandante de la Estación de Policía Carabineros de Bogotá y el director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor.
El juez señaló que la orden esta encaminada a que se restablezca de manera inmediata el derecho a la libertad de Sandra Ortiz.
La petición de libertad para Sandra Ortiz fue respaldada durante la audiencia por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Sandra Ortiz denuncia supuestas presiones de la Fiscalía
Previo a decisión de otorgarse las libertad, la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, aseguró que supuestamente la Fiscalía General la presionó en su momento para que testificara contra los exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro en torno al escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
De acuerdo con la exfuncionaria el proceso penal en su contra no es un tema jurídico, sino político y su situación actual se debe a haber trabajado con el presidente Petro.
“Como se lo dije un un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar una medida de aseguramiento. Eso pasó”, dijo Ortiz en desarrollo de la audiencia judicial que se sigue en su contra.
