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La Procuraduría General de la Nación vinculó a dos nuevos directivos de Ecopetrol a la investigación por el polémico contrato que habría firmado la estatal petrolera con la empresa estadounidense Covington & Burling para presuntas "interceptaciones" al interior de la entidad.
Se trata de Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, ambos pertenecen a la Junta Directiva de la estatal petrolera, quienes deberán rendir versión libre y voluntaria ante el órgano de control luego de que fueran salpicados en el testimonio que rindió el director corporativo de Cumplimiento, Alberto José Vergara Monterrosa.
En el expediente disciplinario, ya figuran los nombres de Vergara Monterrosa y Luis Felipe Rivera García, quien es el vicepresidente corporativo de Ciencia y Tecnología e Información y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la gerencia de abastecimiento de Ecopetrol S.A., todos señalados de estar presuntamente implicados en la planeación, celebración y ejecución del contrato, CW207382 de 2024 suscrito entre Ecopetrol y la empresa Estadounidense en mención, contrato que se habría firmado en el 29 de agosto 2024 y el otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024.
Este contrato puso en el ojo del huracán a la petrolera y se habría firmado inicialmente para para evaluar, supuestamente, el impacto de las investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa.
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Sin embargo, contra este último, también fue abierto un proceso disciplinario tras conocerse que el cuestionado contrato se habría modificado para hacer una inspección a las comunicaciones de funcionarios de la entidad, donde presuntamente, se habrían intervenido las comunicaciones de más de 70 trabajadores.
Ricardo Roa señaló en su momento que él no tuvo conocimiento de dicho contrato el cual pasó de costar 875.000 dólares a más de 5.8 millones de dólares, modificación que tendría el objetivo de interceptar a sus propios funcionarios de la compañía.
