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Siguen avanzando los casos que son investigados por la Justicia Especial de Paz (JEP) sobre las más de cinco décadas de conflicto armado que sufrió el país.
Al respecto, este lunes la JEP abrió el caso No. 005 en el que investigará la grave situación humanitaria de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, en el departamento del Cauca por los hechos cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública.
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La intención es pasar a indagar por los actos de violencia que se registraron entre enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016 producto de la confrontación armada.
En ese sentido, la JEP comenzará a reunir toda la información sobre los hechos ocurridos y hará el llamado a diferentes actores para que rindan sus versiones voluntarias.
Para priorizar este caso, la JEP tuvo en cuenta los datos contenidos en diferentes informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
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"La sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en éste han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los Derechos Humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)", indicó esa jurisdicción.
En el norte del Cauca delinquieron el Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc y se replegaron otros frentes de esa guerrilla que buscaban ocultarse de la Fuerza Pública aprovechando las características geográficas del departamento y provocando desplazamientos forzados, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente.
En el norte del departamento del Cauca se presentó el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas, según el Registro Único de Víctimas a 31 de diciembre de 2014.
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Asimismo, en el período comprendido entre 2000 y 2013, en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se presentaron 7.582 muertes producto del conflicto armado y en municipios como Santander de Quilichao y Corinto, en 2001, la tasa de homicidios fue de 100 muertes por cada 100.000 habitantes.
Este caso se suma a los otros cuatro abiertos por la JEP, el 001 sobre retención ilegal de personas por parte de la Farc-EP; el caso 002 que prioriza la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas; el caso 003 sobre los denominados falsos positivos y el caso 004 que prioriza los hechos cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó).
