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La JEP imputa a Timochenko, Pastor Alape y otros nueve excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad los señala como máximos responsables de graves hechos de violencia cometidos por los antiguos bloques Caribe y Magdalena Medio durante el conflicto armado.
Entre los episodios que hacen parte de esta investigación están el ataque con el llamado ‘burro bomba’ en Chalán, Sucre; la masacre de la finca La Duquesa, en Norte de Santander, y el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, en 2002.
Once antiguos comandantes señalados
La imputación cobija a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y a Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’, quienes hicieron parte de la antigua cúpula de las Farc.
También fueron vinculados otros nueve excomandantes regionales: por el Bloque Magdalena Medio, Erasmo Traslaviña, alias ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo, conocido como ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo Cala, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
Por el Bloque Caribe, también conocido como Martín Caballero, fueron imputados Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo, ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y Héctor Enrique Hernández, ‘Fabio Borges’.
Los delitos que les atribuye la JEP
La Sala les atribuye crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra la población civil y contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, entre ellos hospitales, escuelas e iglesias.
También deberán responder por torturas, tratos crueles, violaciones y otras formas de violencia sexual.
En materia de crímenes de lesa humanidad, la imputación incluye asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.
La gravedad de estas conductas es determinante: se trata de delitos que no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
El burro bomba y otros ataques contra la población
Entre los hechos más impactantes documentados está la toma guerrillera de Chalán, Sucre, en 1996. Allí, integrantes del Frente 35 utilizaron un burro cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos para atacar a la fuerza pública.
La detonación provocó la muerte de 11 policías, destruyó parte del casco urbano y generó el desplazamiento de numerosos habitantes. La población quedó prácticamente desocupada, al punto de que el municipio fue conocido como el ‘pueblo candado’.
La JEP también incluyó el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez, cuando era candidato presidencial, en Barranquilla, en 2002. Un vehículo cargado con explosivos fue utilizado para atacar la caravana, dejando cinco civiles muertos y varias personas heridas.
Otro de los episodios es la masacre de la finca La Duquesa, en zona rural de Tibú, Norte de Santander. En 2004, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.
A estos hechos se suma el atentado con carro bomba contra Caracol Radio, en Bogotá, en agosto de 2010, que dejó nueve personas heridas.
Dos patrones de violencia
La investigación identificó dos grandes patrones en el accionar de estas estructuras guerrilleras.
El primero corresponde al control social y territorial mediante amenazas, asesinatos, desplazamientos y persecuciones contra personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o con grupos paramilitares. También se documentaron agresiones contra líderes comunitarios, docentes, comerciantes y autoridades locales.
El segundo está relacionado con las acciones armadas y los ataques durante las hostilidades, particularmente las tomas guerrilleras, emboscadas y utilización de explosivos en zonas habitadas, con graves consecuencias para la población civil.
Para llegar a esta decisión, la JEP estudió los relatos de 733 víctimas, 72 informes presentados por víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de las Farc, además de 1.859 denuncias de la Fiscalía.
¿Qué sigue para los excomandantes?
Ahora, los 11 comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para manifestar por escrito si reconocen o rechazan los hechos y su responsabilidad.
Además, la JEP estableció el 8 de febrero de 2027 como fecha límite para que aporten información sobre 54 personas desaparecidas cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar sus observaciones.
Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, podrán avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y eventualmente recibir sanciones propias de la justicia transicional, con restricciones efectivas de derechos y libertad, pero sin cárcel ordinaria.
Pero si rechazan los cargos, sus procesos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar un juicio y recibir condenas de hasta 20 años de prisión.
Se trata de una de las decisiones de imputación más relevantes dentro de la investigación sobre los crímenes cometidos por las antiguas Farc en el Caribe y el Magdalena Medio, que busca establecer responsabilidades por hechos que dejaron cientos de víctimas y profundas heridas en las comunidades.
