Consejo de Estado recibe primera demanda contra exparamilitares nombrados como gestores de paz

El Consejo de Estado recibió la primera demanda que pide tumbar la resolución emitida por el Gobierno Nacional que designó como 'gestores de paz' a 18 excomandantes paramilitares de las AUC.

El accionante es el exministro de Justicia Wilson Ruíz, quien afirmó que el Gobierno Nacional está aprovechando su política de 'Paz Total' en favor de criminales que hicieron parte de grupos armados que ya no existen.

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"Desconoce la política de paz total que se enfoca en principio en resarcir el daño causado a las víctimas, por el contrario, es excesiva al plantear diálogos con líderes de grupos criminales extintos, se debe entender con esto que, si no hay actividad delictiva reportada por estos grupos, en razón a que no existen", dice la demanda.

El exfuncionario del gobierno de Iván Duque criticó en la demanda que la política de paz sea aplicada en beneficio de los gestores designados sin tener en cuenta los derechos de las víctimas en las mesas técnicas que son citadas según la ley.

"El concepto de PAZ dispuesto en la carta política es interpretado conforme al beneficio de los gestores de paz designados, excluyendo los derechos de las víctimas, incluso exponiéndolas a diferentes niveles de victimización al no tener en cuenta su criterio en el desarrollo de las 'mesas técnicas'", señala el documento.

Finalmente, Ruíz afirma que el acto emitido por el Gobierno está viciado, pues en el documento no se especifica las funciones que tendrán los gestores ni el aporte que tendrán en el proceso de construcción de paz.

"La resolución esta viciada en su expedición al permitir y atribuir funciones distintas a las permitidas en la legislación, el acto administrativo en discusión no precisa cual será la participación de los designados gestores de paz, cual será su contribución en la búsqueda de paz y reconciliación", concluye la demanda.

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El Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos de Wilson Ruíz para determinar si el recurso puede ser admitido para que se realice el estudio de la legalidad de la resolución.