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La muerte de un perro presuntamente a manos de un uniformado de la Policía Nacional volvió a abrir el debate sobre el alcance del uso de la fuerza por parte de las autoridades y las consecuencias penales cuando una actuación oficial termina con la vida de un animal. El caso generó indignación en redes sociales y reacciones de organizaciones defensoras de animales, que cuestionan si la respuesta del agente fue proporcional frente a la situación presentada.
Aunque las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, expertos en derecho penal advierten que el uniformado podría enfrentar un proceso judicial bajo las normas de protección animal vigentes en Colombia. La discusión jurídica gira alrededor de si existía una amenaza real para la vida del policía o si, por el contrario, hubo un exceso en la reacción que terminó causando la muerte del perro.
La posible responsabilidad penal del uniformado
El abogado Francisco Bernate le aseguró a La FM que, desde una primera valoración jurídica, el ataque del perro “no era mortal”, pues “no afectaba órganos vitales”, por lo que considera que la reacción del uniformado habría sido “desproporcionada”.
Esa apreciación resulta clave dentro del análisis penal, ya que uno de los elementos que deberá establecer la justicia es si el agente actuó bajo una legítima defensa o si utilizó una fuerza excesiva frente al nivel de riesgo existente. En Colombia, la proporcionalidad es uno de los criterios fundamentales para determinar si una actuación puede justificarse jurídicamente.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito aplicable sería el contemplado en el artículo 339A, relacionado con la muerte de animales. La norma establece que quien maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte podrá enfrentar una pena de prisión de 32 a 56 meses.
Además de la cárcel, la legislación contempla otras sanciones. Entre ellas aparecen la inhabilidad especial de dos a cinco años para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, la prohibición de adquirir o tener animales y multas que van de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El parágrafo de la norma únicamente excluye de responsabilidad la muerte de animales domésticos con fines de consumo, siempre que se evite el sufrimiento innecesario, una circunstancia que claramente no aplicaría en este caso.
La discusión sobre la legítima defensa
Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si el uniformado podía alegar legítima defensa. Para ello, las autoridades judiciales deberán establecer si existía un peligro real, actual e inminente para su integridad física y si el uso del arma era la única manera de neutralizar la amenaza.
Juristas consultados sobre este tipo de casos explican que la legítima defensa exige proporcionalidad entre el ataque recibido y la respuesta empleada. Por esa razón, el análisis de videos, testimonios y dictámenes forenses será determinante para conocer si el policía tenía otras alternativas antes de disparar contra el animal.
También podría revisarse si el protocolo institucional de manejo de animales potencialmente agresivos fue aplicado correctamente por el uniformado durante el procedimiento.
La versión de la Policía
La Policía Nacional sostuvo que el uniformado actuó en medio de un procedimiento en el que, presuntamente, fue atacado por el perro. Según la versión entregada por la institución, el animal habría mordido al agente y le causó heridas en una de sus extremidades inferiores, situación que, de acuerdo con las autoridades, llevó al policía a reaccionar utilizando su arma de dotación.
La institución indicó que el uniformado recibió atención médica tras el incidente y que las lesiones sufridas harán parte de los elementos materiales probatorios que serán evaluados dentro de la investigación. La Policía también señaló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y que se adelantan las verificaciones internas para determinar si la actuación del agente se ajustó a los protocolos sobre uso de la fuerza.
Además, la entidad manifestó que colaborará con las investigaciones disciplinarias y penales que puedan derivarse de los hechos. Mientras tanto, los videos y registros conocidos públicamente continúan siendo analizados para establecer cómo ocurrió exactamente el ataque y cuál fue el nivel de riesgo que enfrentó el uniformado al momento de disparar.
El caso sigue generando debate sobre los límites del uso de la fuerza y la aplicación de las normas de protección animal en Colombia, especialmente en situaciones donde las autoridades alegan haber actuado para proteger su integridad física.
