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El Gobierno Nacional condenó el ataque armado contra dos integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido en Barranquilla, y denunció amenazas que estarían dirigidas contra el presidente de la República Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, el director del organismo y el personal penitenciario del país.
Las víctimas fueron identificadas como la dragoneante Shirly Dallana Acosta Marroquín y el dragoneante Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes resultaron heridos cuando salían de su turno en el penal.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y compañeros de trabajo. Además, la entidad señaló que mantiene especial atención a la evolución del estado de salud de los dragoneantes.
Amenazas estarían relacionadas con traslados de presos
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el atentado se produjo en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, a diferentes establecimientos carcelarios del país.
La entidad aclaró que las autoridades investigan la autenticidad, procedencia y alcance de las amenazas, así como una posible relación entre estos mensajes y el ataque armado contra los dos funcionarios del Inpec.
En ese sentido, el Gobierno señaló que "estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación".
Refuerzan medidas de seguridad tras las intimidaciones
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia y el Inpec informaron que reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes.
El objetivo es proteger la vida y la integridad de los funcionarios que cumplen labores en el sistema penitenciario, en medio de las alertas sobre posibles nuevas acciones violentas.
El Gobierno también solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer quiénes estarían detrás de las amenazas e identificar y judicializar a los responsables.
Gobierno asegura que mantendrá los traslados penitenciarios
Desde la Presidencia de la República advierten que las amenazas no modificarán las decisiones institucionales relacionadas con la vigilancia, el control y los traslados de personas privadas de la libertad.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y el Inpec ratificaron que estas medidas continuarán ejecutándose conforme a la ley y bajo las condiciones de seguridad correspondientes.
El Gobierno enfatizó que las intimidaciones contra altos funcionarios y los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, "no doblegarán a las instituciones ni condicionarán las decisiones legítimas del Estado".
"Las amenazas son contra todos los niveles de nuestra institucionalidad, pero la respuesta del Estado debe ser una sola: unidad, firmeza y respeto por la ley. No permitiremos que la violencia sustituya a la autoridad ni que el miedo determine las decisiones de quienes trabajan por la seguridad de Colombia", concluyó el pronunciamiento.
Las autoridades continúan con las labores de investigación para determinar las circunstancias del ataque contra los dos guardianes en Barranquilla y establecer si existe una conexión directa con los mensajes intimidatorios que circulan contra funcionarios del sector penitenciario.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Quiénes fueron los funcionarios del INPEC heridos en el atentado?
La dragoneante Shirly Dallana Acosta Marroquín y el dragoneante Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes fueron atacados cuando salían de su turno en la penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.
¿Contra quiénes estarían dirigidas las amenazas denunciadas por el Gobierno?
Según el Ministerio de Justicia, las intimidaciones estarían dirigidas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director general del INPEC y los integrantes del personal penitenciario del país.
¿Qué relación tendría el atentado con los traslados de personas privadas de la libertad?
El Gobierno indicó que los hechos se presentan en medio de mensajes intimidatorios relacionados con recientes traslados de internos a otras cárceles. Sin embargo, aclaró que la posible conexión entre las amenazas y el atentado todavía está bajo verificación.
¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el ataque?
El Ministerio de Justicia y el INPEC anunciaron el refuerzo de las medidas de seguridad y autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades. También solicitaron investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
