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Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, aseguró que debido a la persistencia de disturbios y hostigamientos generados por personas encapuchadas que han desvirtuado el carácter de las manifestaciones del paro minero, se tomó la determinación de suspender los diálogos y condicionar su continuidad al levantamiento de bloqueos.
El secretario Martínez fue enfático al señalar que el Estado no puede ceder ante la presión de los violentos. "Ellos acogieron la solicitud hecha por la Gobernación de Antioquia; de tal manera que tiene que quedar muy claro que hasta que no cesen los bloqueos, hasta que no cesen los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil, hasta que no cesen los saqueos y los actos de terrorismo, la mesa de negociación del Gobierno Nacional no va a llegar al territorio", sentenció el funcionario.
Esta postura surge en un contexto de alta peligrosidad para los habitantes del Bajo Cauca. Actualmente, se reportan tres bloqueos activos en sectores críticos: El Jardín (jurisdicción de Cáceres), la entrada al municipio de Zaragoza y la vía hacia Segovia, específicamente en el sector de Machuca. Estos puntos no solo impiden el libre tránsito de pasajeros, sino que afectan el suministro de bienes esenciales y misiones médicas.
Acciones judiciales y recompensas
Frente a los recientes desórdenes registrados en Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, las autoridades presentaron un cartel con los rostros de 20 personas señaladas de participar directamente en los disturbios. Por cada uno de estos sujetos, se ofrece una recompensa económica de hasta 50 millones de pesos.
"Ese cartel ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que está apoyando todas las acciones de la Fuerza Pública en el territorio. El objetivo no es solo recolectar evidencia física y material probatorio para futuros allanamientos y capturas, sino también capturar a estos desadaptados en flagrancia para su judicialización inmediata", explicó el secretario de Seguridad. Asimismo, hizo un llamado a la "comunidad de bien" para que brinde información veraz que permita la identificación de quienes han alterado la convivencia en la subregión.
Postura del gobernador y estado del pliego de peticiones
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la legitimidad de ciertos sectores que participan en las protestas. A través de sus redes sociales, calificó como "pillos financiados por el crimen" a los responsables de atacar con artefactos explosivos artesanales, tipo tatuco, a las unidades de la Policía Nacional en Zaragoza. Para el mandatario, estas acciones criminales empañan el proceso de formalización minera que busca beneficiar a más de 4.000 unidades productivas en la región.
En cuanto al avance de la concertación, la situación es compleja. De un pliego de 20 solicitudes presentadas por la mesa minera, ya se cuenta con un avance de 9 puntos aprobados. Sin embargo, los 11 restantes permanecen en el aire hasta que no se levanten las vías de hecho.
Con la temporada de Semana Santa a la vuelta de la esquina, la prioridad de las autoridades es garantizar la movilidad en la Troncal a la Costa, un objetivo que hoy parece lejano si no se levantan los bloqueos de manera inmediata.
Por Sebastián Góez Cuéllar
