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En el Congreso de la República fue radicada una iniciativa que promete generar una enorme polémica, porque le permitiría a los desmovilizados de las autodefensas obtener beneficios de la justicia transicional.
El proyecto autoriza que los paramilitares puedan acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en calidad de testigos sobre los hechos relacionados con el conflicto, lo que les permitiría obtener las mismas penas establecidas en ese sistema, es decir, quien diga la verdad podría pagar máximo hasta 8 años de cárcel y los que no, podrían enfrentarse a 20 años de prisión.
El senador Roy Barreras, autor de la iniciativa, explicó que con el proyecto se deja claro que los paramilitares seguirán siendo juzgados bajo el esquema de justicia y paz y su comparecencia ante la JEP, no significará que puedan hacer política.
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“La diferencia fundamental entre estos actores del conflicto (que serán juzgados en Justicia y Paz y no en la JEP) y los demás actores del conflicto como los guerrilleros, es que en Justicia y Paz no hay recuperación de los derechos políticos”, indicó Barreras.
El congresista señaló que estos beneficios solo cobijarían para los delitos cometidos antes de la desmovilización de los paramilitares y no los posteriores que deben ir a la justicia ordinaria, lo que quiere decir que no aplicará bajo ninguna circunstancia a los miembros de las bandas criminales.
Barreras aclaró que “solo cobija a aquellos individuos que cometieron delitos en el marco del conflicto armado interno antes de su desmovilización, así que este proyecto no cobija ningún delito posterior, cualquier delito posterior va a la justicia ordinaria”.
“Solo podrá servir a quienes fueron postulados y aceptados en Justicia y Paz y por delitos cometidos antes de su desmovilización y no después. Ahí esta la verdad que las víctimas necesitan sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia y esa verdad es necesario conocerla para poder cerrar los ciclos de la violencia”, añadió.
Este proyecto beneficiaría también a los cabecillas paramilitares que fueron extraditados como Salvatore Mancuso, Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, cuando regresen a Colombia.
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Incluso, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien fue expulsado de Justicia y Paz y podría enfrentarse a una condena de muchos años en el país por narcotráfico y paramilitarismo, obtendría una rebaja a tan solo ocho años en su pena, si acude a decir la verdad ante la JEP.
Para el senador Roy Barreras, las víctimas tienen derecho de conocer la verdad que tienen los paramilitares, la cual fue contada a medias ante los jueces de justicia y paz.
Este proyecto de ley podría reglamentar una decisión que ya tomó la Jurisdicción Especial de Paz y que abrió una pequeña ventana para recibir los testimonios de parapolíticos y terceros, con relación a la financiación del conflicto.
