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El miércoles 12 de agosto, once detenidos por más de una veintena de actos vandálicos en Bogotá se enfrentarán a una audiencia de acusación. Se trata de los integrantes del movimiento radical autodenominado PPP o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo, quienes están en la cárcel de forma preventiva.
Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, anunció la captura de los PPP el 12 de diciembre de 2025, cuando la Policía, además, los exhibió esposados. Las investigaciones hasta ese momento los señalaban como responsables de al menos veintiocho actos vandálicos en la capital entre 2024 y 2025. Se hacían pasar por estudiantes con carnés falsos en universidades públicas y luego cambiaban su ropa para ponerse overoles, máscaras y capuchas.
Usando papas bomba y cocteles molotov, atacaban patrullas de la Policía, estaciones de Transmilenio —especialmente, Ciudad Universitaria, a pocos metros de la Universidad Nacional— y buses del sistema integrado de transporte. La Fiscalía les imputó ocho delitos, incluyendo terrorismo, y el caso avanzó.
El ente acusador parece haber cambiado de opinión desde entonces. Lo que antes parecía un complejo entramado terrorista que afectó la infraestructura y la movilidad en Bogotá ahora es calificado como un acto de protesta pacífica. Así lo determinó la Resolución 0171 del 16 de junio, que firmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La Fiscalía 107 Delegada ante Jueces Penales del Circuito, adscrita a la Dirección Seccional de Bogotá, les imputó a los once capturados concierto para delinquir agravado; terrorismo; incendio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial agravado; daño en bien ajeno agravado, y violencia contra servidor público agravado.
De una investigación por terorismo a una revisión bajo el enfoque de la protesta social
El 16 de junio, con la Resolución 0170, la fiscal Camargo conformó el Grupo de Tareas Especiales para Investigar y Judicializar la Protesta Social, para aplicar “enfoques restaurativos, salidas alternas y mecanismos de terminación anticipada”. El mismo día, la jefa del ente investigador le entregó al equipo el caso de los PPP.
Tres meses atrás, la Fiscalía 107 presentó el escrito de acusación contra los detenidos, que le correspondió al Juzgado Noveno Penal de Circuito Especializado. El despacho programó para el 17 de junio a las dos de la tarde la audiencia de acusación que le hubiese dado paso al juicio. La diligencia no se llevó a cabo, por la reasignación de fiscales un día antes.
El incipiente grupo de tareas especiales para las protestas incluye fiscales de la Unidad de Justicia Restaurativa, delegados ante la Corte Suprema de Justicia, del equipo de Derechos Humanos y funcionarios contra el crimen organizado. La Unidad de Justicia Restaurativa pidió el cambio de fiscales que luego Camargo aceptó.
Ahora Daniela Escallón y Sebastián Sierra, ambos delegados ante jueces del circuito como parte del grupo especial, tienen el caso, y tendrán que ocuparse de la reprogramada audiencia de acusación en agosto. La fiscal general, en la resolución 171, alegó “la protección reforzada del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” como uno de los motivos de la modificación.
“La responsabilidad penal no puede derivarse de la sola presencia en una movilización, la pertenencia a colectivos, la afinidad política o la participación en actividades de convocatoria, organización o expresión pública, sin perjuicio de la obligación de investigar y judicializar”, reseña el acto administrativo.
La reasignación del expediente abre debates políticos y procesales
Escallón y Sierra evaluarán “la proporcionalidad de la intervención penal” y “la adecuación típica de las conductas”. Es decir, examinarán si los hechos y los motivos por los que los PPP terminaron capturados —como quemar buses o usar explosivos comprados en Medellín— corresponden efectivamente a terrorismo.
También considerarán si los implicados pueden acceder a “mecanismos restaurativos, principio de oportunidad u otras formas de terminación anticipada”. La postura de la Fiscalía, tras una consulta de La FM, es que el caso podría no superar la acusación y caerse en juicio, lo cual ameritaba la reasignación. Y que la fiscal anterior, la titular del despacho 107, salió del organismo por cuenta del concurso de méritos que se desarrolla desde 2024.
La medida de aseguramiento contra los PPP es de un año, porque quien los procesa es un juez del circuito y son más de tres imputados. Pero, al cambiar el enfoque del expediente, los detenidos podrían salir libres con un principio de oportunidad o un acuerdo, que la Fiscalía no descarta.
Al reasignar el proceso, los fiscales buscarán determinar “con mayor precisión”, en sus palabras, las “responsabilidades individuales”, y adelantar una investigación quizá más contextualizada. El alcalde Galán y su secretario de Seguridad, César Restrepo, rechazan la medida.
Y puede haber un debate jurídico frente a los términos. Después de la imputación, en diciembre del año pasado, la Fiscalía tenía ciento veinte días para radicar la acusación. Una vez presentado, corre otro plazo, también de ciento veinte días, para iniciar la audiencia del juicio. Si no se instala, habrá libertad inmediata.
Claves del tema, en cuatro preguntas
¿Qué pasará el 12 de agosto con los once integrantes de los PPP?
Ese día se realizará la audiencia de acusación contra los once capturados por su presunta participación en veintiocho actos vandálicos en Bogotá. La diligencia marcará el paso previo al juicio, luego de que el proceso fuera aplazado por la reasignación del expediente a un nuevo grupo de fiscales especializado en protesta social.
¿Por qué la Fiscalía cambió el rumbo de la investigación?
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, trasladó el caso al incipiente Grupo de Tareas Especiales para Investigar y Judicializar la Protesta Social. La decisión busca revisar si las conductas atribuidas a los procesados realmente encajan en delitos como terrorismo o si ameritan otros enfoques, incluidos mecanismos restaurativos o salidas anticipadas.
¿Qué consecuencias puede tener la reasignación del expediente?
Los nuevos fiscales evaluarán la responsabilidad individual de cada procesado, la proporcionalidad de la respuesta penal y la posibilidad de aplicar principios de oportunidad o acuerdos. Si concluyen que la acusación por terrorismo no se sostiene, el proceso podría cambiar de rumbo e incluso abrir la puerta a la libertad de los detenidos.
¿Qué debate jurídico y político deja la decisión de la Fiscalía sobre los PPP?
La reasignación generó críticas del alcalde Carlos Fernando Galán y de su secretario de Seguridad, quienes consideran que los hechos corresponden a terrorismo. Además, el proceso enfrenta un reto procesal: la ley fija plazos para instalar el juicio y, si estos vencen sin que la audiencia comience, los procesados podrían recuperar la libertad por vencimiento de términos.
