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La Procuraduría General de la Nación envió un concepto al Consejo de Estado, negando la demanda de nulidad contra de la elección de Claudia Blum como ministra de relaciones exteriores.
Cabe mencionar que esa solicitud cuestiona que la funcionaria haya sido escogida en ese cargo, luego que al parecer contribuyera económicamente en la campaña del presidente Iván Duque en 2018, con un aporte de 240 millones de pesos.
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La Procuraduría señaló que no hay pruebas suficientes que demuestren que la canciller entregara ese dinero a la campaña presidencial, con el fin personal de llegar a ese Ministerio como lo insinúa la demanda.
“Por consiguiente, no se puede derivar, per se, que el nombramiento de Claudia Blum de Barberi como Ministra de Relaciones por parte del Presidente de la República, se haya llevado a cabo en virtud de una prestación de favores o una correlación de beneficios personales y, no, a partir del cumplimiento de los requisitos de la demandada para cumplir con el cargo”, destaca uno de los apartes del concepto.
De acuerdo con la Procuraduría, no existiría la prueba de que ese nombramiento haya sido “ilegítima, indigna o perjudicial, pero maquillada con un medio proporcional o benéfico para el Estado, en todo caso distinto de lo autorizado o señalado por las normas constitucionales pertinentes. En otros términos, para pagar favores”.
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Esa entidad también señaló que “debe entonces aparecer acreditado fehacientemente, que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar”.
Sin embargo, la demanda insiste que se debe resolver “si no se torna en una desviación de poder, que quien nombra a un funcionario público de este rango como es el Presidente de la República, no incurra en una desviación a la hora de nombrar a personas en cargos de libre nombramiento y remoción como lo es la funcionaria Claudia Blum”.
El concepto también advierte que permitir el nombramiento en un alto cargo del Gobierno de una persona que contribuyó en una campaña presidencial, “se vuelve el cargo público una forma de retribuir el financiamiento económico de las campañas presidenciales”
El despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez estudiará el caso y deberá decidir de fondo sobre este concepto.
