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Lo que buscan es que la Corte aplique en su caso los beneficios que otorga la Ley 906 en un proceso de la antigua Ley 600, y es cesar la investigación penal por el delito menos grave a cambio de que el senador entregue datos, información y detalles relevantes con el fin de ayudar a la justicia.
“Con fundamento de la información que él posee por ser testigo presencial, por estar en el centro de los temas que interesan, pues va a dar esa información y aportar las pruebas pertinentes para que la Corte pueda cumplir con su función”, dijo el abogado.
El congresista oriundo de Sahagún, Córdoba, es investigado por presuntamente haber pagado 2.000 millones de pesos al entonces abogado Luis Gustavo Moreno para que se frenará la orden de captura emitida por la Sala Penal en el año 2015 en su contra por el caso de parapolítica.
Sin embargo, el parlamentario del Partido de La U sostiene que fue extorsionado por el abogado Moreno –exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía- y un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En la petición hecha por Besaile se cita la más reciente decisión del tribunal que establece que cualquier aforado podría recibir los beneficios de la Ley 600 para obtener beneficios judiciales a cambio de colaboración efectiva y esclarecer los procesos en el menor tiempo posible.
