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El alto funcionario dijo que estos bienes deberán ser usados para la reparación de las víctimas y el pago de prestaciones sociales para los guerrilleros desmovilizados, pero no para lavar los dineros ilícitos de la guerrilla mediante un fondo fiduciario.
"El sentido del decreto es no permitir que se presente un lavado de activos o blanqueo de capitales, porque las Farc no definirán el destino de los bienes ya que el Gobierno debe hacerlo para la reparación de las víctimas", recalcó.
Dijo que el Fiscal tiene la potestad de adelantar la extinción del dominio de estos bienes ilícitos que entreguen las Farc.
Expresó que estos recursos podrían ser usados para entregarle a los guerrilleros una renta básica o para el pago de la seguridad social para estas personas, en el marco del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, en La Habana.
Se trata del numeral 3.2.2.7 del cual el Fiscal hace referencia y señala que “con ese patrimonio se repare a las víctimas es un fin plausible, pero resulta que el decreto tendrá por objetivo reparar a las víctimas y financiar programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo final, que son programas económicos y sociales para la guerrilla”.
Según Martínez, “si se lee el decreto crudamente, implicaría que con parte de esos activos se va a financiar la actividad política de las Farc (…) Eso generaría inequidad en el debate político. La esencia del acuerdo es que ellos están bienvenidos a hacer política, pero en igualdad de condiciones”.
