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Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el desarrollo de sus sesiones extraordinarias, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, expuso tres características esenciales de la Jurisdicción Especial de Paz, a fin de detallar cómo va a funcionar en el país.
Según el ministro, "esta ley permitirá el juzgamiento de personas vinculadas a grupos armados relacionados directamente con el conflicto interno colombiano; garantizará además la verdad, justicia y reparación de cada una de las víctimas, la restitución de los derechos de los menores de edad que hicieron parte del conflicto armado como integrantes de la guerrilla, y el juzgamiento de terceros, quienes financiaron los grupos armados para establecer su grado de responsabilidad en el conflicto interno".
Con relación a la participación de terceros en el conflicto armado, el ministro indicó que "la Jurisdicción Especial de Paz tiene la facultad de analizar y juzgar a través de un tratamiento penal diferente, una vez se identifique que la participación de un tercero civil sí constituye un factor determinante o activa en una violación a los Derechos Humanos, o infracción al derecho internacional humanitario, el tribunal podrá sancionar con privación de la libertad en máximo 8 años de detención por colaboración, o hasta 20 años de cárcel por faltas graves a la Jurisdicción Especial de Paz".
Bajo ese entendido, el ministro Gil Botero añadió que en el acuerdo "existe un tratamiento general a todos los terceros civiles que hubieran contribuido directa e indirectamente en la comisión de cualquier delito en el marco del conflicto armado, y que se presenten voluntariamente a la Jurisdicción Especial de Paz".
Por otra parte, dijo que "hay terceros civiles relacionados con actos del conflicto quienes no se han presentado a la Jurisdicción Especial de Paz, pero que dicho tribunal los puede obligar a comparecer y sancionarlos".
Al finalizar, el Ministro señaló que serán los magistrados de dicho tribunal los encargados de administrar en cada caso las conductas delictivas investigadas y el grado de responsabilidad en acciones relacionadas con la guerra, de cada uno de quienes se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz.
