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La Corte Suprema de Justicia empezó a escuchar testimonios en el proceso por presunto soborno contra el congresista Eduardo Pulgar, señalado de intentar sobornar a un juez de la República para que tomara una decisión a favor de un amigo suyo en un proceso judicial.
Uno de los testigos es la exministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, quien entregó su testimonio ante el magistrado Marco Antonio Rueda, quien está encargado del proceso.
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La Corte ya escuchó al exjuez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Andrés Rodríguez Cáez, quien al parecer fue la persona víctima del intento de soborno.
El alto tribunal informó que el exjuez ya se encuentra acogido por el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
La investigación contra Pulgar se abrió por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática, en hechos de posible oferta ilegal a juez.
Las investigaciones comenzaron después de la denuncia periodística del columnista Daniel Coronell, quien reveló audios del supuesto soborno.
Lo que dice la columna de Coronell es que el congresista habría buscado al juez para entregarle una millonaria suma de dinero, a cambio de que tomara una decisión favorable en un proceso contra un supuesto amigo suyo.
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“Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano”, destaca uno de los apartes de la publicación.
En otro aparte del texto del periodista Daniel Coronell quien también reveló el audio, se lee que “un buen día de 2017, el alcalde del pueblo, Ronald Padilla, lo invitó a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar. La reunión sería en el apartamento del senador, en Barranquilla, a una hora de Usiacurí. El juez aceptó sin saber de qué se trataba, pero tuvo la precaución de llevar una grabadora con él”.
Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación disciplinaria preliminar contra el congresista, para determinar si habría incurrido en una falta disciplinaria.
