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La ONU estima que más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en diferentes guerras alrededor del mundo, como las de la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán, alertó este viernes el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de este organismo.
"El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades", dijo en una rueda de prensa la presidenta del Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios, la sudafricana Michelle Small.
El grupo especial de la ONU llegó hace algunas semanas a Colombia, invitados por el gobierno nacional, para recabar información y datos sobre un fenómeno que aunque es global, es particularmente agudo en Colombia.
Colombianos entre los más buscados para conflictos internacionales
Según este organismo, los colombianos, que en su mayoría son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, figuran entre los más demandados a nivel global para desempeñar funciones de combate o seguridad privada.
"Se les puede encontrar en la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. También (...) son contratados para participar en operaciones de crimen organizado especialmente en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos", agregó Small.
Los datos muestran los resultados de 11 años de trabajo y fueron recopilados en reuniones entre el 16 y 27 de marzo en Bogotá, Cali y Medellín con autoridades y familias de colombianos reclutados.
El grupo de expertos de la ONU recogió que factores como los altos incentivos económicos, con ofertas de entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales; la falta de oportunidades laborales en el país; las dificultades de reintegración, y el reclutamiento en línea han impulsado este fenómeno.
"Muchos reclutamientos de colombianos se han llevado a cabo a través de Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp (...) y entre los intermediarios de reclutamiento se encuentran empresas de seguridad privada, agencias de viajes, agencias de contratación y particulares", alertó Small.
Además, alertaron sobre la experiencia de los colombianos que han estado en la guerra interna con respecto a la construcción de artefactos potencialmente mortales. "El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y herramientas de alta tecnología para la vigilancia, plantean riesgos para los derechos humanos", dijeron.
Miedo y engaños
Asimismo, la experta alertó sobre el aumento de casos de reclutamiento engañoso o predatorio, en los que los colombianos son enviados a zonas de conflicto bajo falsas promesas y terminan sometidos a condiciones que pueden constituir explotación laboral o incluso trata de personas.
Según explicó Small, a muchos colombianos se les ofrecen contratos poco claros o en idiomas que no comprenden, en los que no se especifican las funciones reales, y que en ocasiones solo reciben al llegar al país de destino.
Una vez allí pueden ver restringida su libertad de movimiento, ser obligados a desempeñar funciones de combate distintas a las prometidas o incluso ser retenidos sin posibilidad de regresar.
Pese a este panorama, el Grupo de Trabajo elogió la reciente firma por parte del presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica la Convención Internacional contra el mercenarismo de 1989, y pidió acelerar su revisión por la Corte Constitucional y su implementación efectiva.
Colombia, añadió, arrastra más de seis décadas de conflicto armado, lo que ha generado una amplia oferta de personal con entrenamiento militar.
Sin embargo, hicieron una distinción importante entre lo que significa ser mercenario y luchar legalmente en una guerra. Los voluntarios y soldados reclutados por Ejércitos legales como el ucraniano, tienen un contrato de por medio y según el Derecho Internacional, no son mercenarios.
Sin embargo, Small le dijo a La FM que aunque puede que no vayan en esa condición en su primer viaje o misión, una vez acaba el contrato o es incumplido por el reclutador, pueden quedar sin amparo legal.
Además, existen riesgos subyacentes como condiciones no pactadas, labores distintas a las firmadas y salarios más bajos de los acordados.
El Grupo de Trabajo presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026. EFE
